¿Dónde está Santiago Maldonado? Este viernes se cumple un mes de su desaparición, cuando participaba el 1 de agosto en una protesta indígena mapuche reprimida por la Gendarmería en la Patagonia. Desde entonces no hay rastros de este joven artesano que había asistido a un corte de ruta en solidaridad con la causa mapuche -sin ser miembro de su pueblo- en el Pu Lof (comunidad) de Cushamen, en la provincia de Chubut, en el sur de Argentina.

Las posiciones son contrastantes. ¿Es una desaparición como la juzga el gobierno de Mauricio Macri o una desaparición forzada, con la complicidad del Estado, como sostienen la oposición, los organismos de derechos humanos y los propios mapuches?

La comunidad de Cushamen afirmó que Santiago, joven tatuador que vivía en la localidad patagónica  El Bolsón, a 70 kilómetros del lugar de su desaparición, fue víctima de la represión de la Gendarmería. Pero la fiscal que sigue la causa, Silvina Avila, aseguró que no se hallaron pruebas para inculpar a esa fuerza de seguridad, la misma posición que ha mantenido el gobierno de  Macri desde un principio.

“No hay testimonios confiables que responsabilicen a la fuerza”, señaló la procuradora. Esta declaración está en sintonía con la postura esgrimida por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien afirmó que “está cada vez más claro que no hubo una desaparición forzada”.

“Lo de la desaparición forzada es la forma como los organismos de derechos humanos presentaron la causa. Ahora, cuando uno lee el informe de la Fiscalía para ser presentado a las Naciones Unidas, en ningún momento se refuerza esta teoría. Una desaparición forzada es un Estado que es cómplice y una fuerza de seguridad que se complota. Esa es una teoría muy politizada”, enfatizó la ministra.

Pero los mapuches insisten en que Maldonado es una víctima del accionar de esa fuerza de seguridad que reprimió la protesta del Pu Lof de Cushamen, ubicado en una estancia propiedad del grupo Benetton.

Facundo Jones Huala es el ‘Lonko’ (cacique) de esa comunidad mapuche. Está detenido en la prisión de la ciudad patagónica Esquel a la espera de un juicio de extradición a Chile, donde vive una importante población mapuche que habita a ambos lados de la cordillera de los Andes.

En un breve diálogo telefónico con EL TELÉGRAFO desde su centro de detención, el ‘Lonko’ afirmó que “a Maldonado se lo chupó (lo secuestró) la Gendarmería”.
“Yo creo en lo que la gente vio y relató. De hecho fue en una situación de represión muy brutal como para estar inventando situaciones”, confió.

Mapuches aseguraron que vieron cómo efectivos de la Gendarmería le pegaban a un manifestante y se lo llevaban a rastra durante la represión de un corte de ruta, que incluyó la irrupción de esa fuerza de seguridad en el campamento indígena a orillas de un río de escaso caudal. Sostuvieron que la mayoría de los manifestantes cruzó ese río, pero que Maldonado no sabía nadar y fue detenido por la Gendarmería.

La Fiscalía aún aguarda el resultado de las pericias llevadas a cabo en un camión de la fuerza donde presuntamente fue trasladado Maldonado y en el que se habrían hallado manchas de sangre y cabellos. Estos elementos fueron sometidos a peritaje pero, según la fiscal, “a la fecha sin resultados y/o conclusiones”.

Además, la fiscal aseguró que los mapuches no ratifican en la justicia las denuncias hechas en los medios. “Los múltiples testimonios que se realizaron mediáticamente bajo el anonimato nunca pudieron ser judicializados, fundados en un supuesto temor a ser incriminados u hostigados por las autoridades judiciales”, señaló. Los mapuches, la mayoría, se presentan encapuchados por temor a ser arrestados, incluso impidieron el paso a lugares clave a perros adiestrados por tratarse de tierras sagradas, según la fiscal.

Jones Huala dijo no estar “nada conforme respecto a la investigación y a la situación jurídica” del caso. “Hay una situación institucional clara: no hay independencia de poderes, está todo contaminado por el Gobierno”, afirmó.

“Esta es una desaparición forzada en manos de la Gendarmería con directa responsabilidad de  (viceministro de Seguridad) Pablo Noceti que era el que comandaba el operativo ese día (1 de agosto, ndr), y mientras desaparecía Santiago tenía a otra gente de la comunidad detenida”, aseguró.

El caso terminó en acusaciones cruzadas después de que el principal gremio docente, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), realizó una jornada nacional sobre Santiago Maldonado en las escuelas con motivo del Día Internacional de Desapariciones Forzadas celebrado el 30 de agosto.

El sindicato repartió un instructivo en los colegios pidiendo debatir el tema en las aulas y sugiriendo tomar lista de presentes agregando el nombre de Maldonado. Medios, funcionarios y dirigentes oficialistas tildaron esa medida como un “adoctrinamiento” político. “Es una canallada”, dijo el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.

A un mes de su desaparición, son muchos los interrogantes que surgen del caso. La única certeza es que Santiago no aparece. Y que el debate que surge a su alrededor causa una grieta cada vez más profunda entre quienes le creen al Gobierno y en aquellos que lo acusan de complicidad y comparan esta situación con los tiempos de la dictadura. (I)