Organismos de derechos humanos calificaron este martes de "desaparición forzada" la ausencia desde hace una semana de un joven que se sumó a una protesta mapuche en el sur de Argentina, y responsabilizaron a la gendarmería y al Estado por su detención.

"Es dramático que en la democracia más larga de nuestra historia tengamos que anunciar una desaparición forzada de personas", dijo en rueda de prensa la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Las entidades humanitarias convocaron a una concentración el próximo viernes, en la Plaza de Mayo, en reclamo de "la aparición con vida de Santiago Maldonado".

Carlotto también pidió "garantías" para que "los testigos, los defensores de derechos humanos y los miembros de la comunidad mapuche" puedan dar testimonio "sin correr riesgos".

Según testigos, Santiago Maldonado, de 27 años, fue subido a un vehículo de Gendarmería el 1 de agosto por agentes de esa fuerza, durante el desalojo violento de una protesta de una comunidad mapuche en la provincia argentina de Chubut (sur). Desde entonces no hay más noticias de él.

Santiago, un artesano oriundo de la provincia de Buenos Aires pero que residía desde el año pasado en Chubut, había ido a solidarizarse con una protesta mapuche que reclamaba por la libertad de su líder, Facundo Jones Huala, preso en Argentina y requerido por Chile.

El Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 500.000 pesos (27.500 dólares) "a quienes aporten datos para encontrar" a Santiago, pero dijo haber recibido un informe de Gendarmería en el cual asegura "no haber detenido al joven".

El grupo de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada se pronunció el lunes y reclamó "una acción urgente del Estado para buscarlo y localizarlo e identificar a los responsables".

Para los organismos humanitarios, "queda claro que es una desaparición forzada de persona por un aparato del estado", dijo la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Norma Ríos.

El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, denunció en la rueda de prensa que el operativo de Gendarmería estuvo a cargo de Pablo Noceti, jefe de gabinete del ministerio argentino de Seguridad y exabogado de acusado de crímenes de lesa humanidad en la dictadura (1976-1983).

Territorio en controversia 

Según integrantes de la comunidad mapuche "Pu Lof en Resistencia" del departamento de Cushamen, la gendarmería ingresó violentamente el 1 de agosto en su población, cuya entrada está a 100 metros de la ruta nacional 40, donde hacían cortes intermitentes en reclamo de la libertad de su líder, Jones Huala, detenido desde junio.

Esa pequeña comunidad está asentada en una zona aislada a unos 80 km de la ciudad de Esquel (1.500 km al sudoeste de Buenos Aires), en un territorio de medio millar de hectáreas que reclaman como propias y que forman parte de las más de 900.000 hectáreas compradas por el empresario italiano Luciano Benetton en la Patagonia argentina.

Según testigos, cuando los agentes iniciaron el desalojo durante la protesta de la semana pasada, algunos manifestantes huyeron y cruzaron un río pero Maldonado, que no era del lugar ni sabía nadar, se escondió entre unos arbustos, donde habría sido atrapado por los gendarmes.

"Santiago fue perseguido por las fuerzas de Gendarmería y, por lo tanto, no pueden decir que no tuvieron nada que ver", dijo el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a Radio 10.

El Nobel agregó que la suerte de Maldonado "es responsabilidad del Estado, de (el presidente Mauricio) Macri y de (la ministra de Seguridad Patricia) Bullrich" y, por ende, les exigió "su aparición con vida". (I)