El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner prepara un blindaje contra la ofensiva del neoliberalismo. Para ello enviará al Congreso un proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPE).

¿Su objetivo?  Asegurar que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) solo pueda vender las acciones que posee en 46 empresas privadas a través de la mayoría parlamentaria especial.

El Estado argentino posee un capital de 62 mil millones de pesos (menos de $ 6.900 millones de  al cambio oficial, 4.130 millones en el mercado negro) en títulos emitidos por empresas privadas, algunas de ellas consideradas “líderes” en el mercado nacional.

Esta participación estatal -que alcanza incluso al 9% de las acciones del opositor grupo mediático Clarín- le permite al gobierno tener representantes con derecho a voto en los directorios de estas empresas, aunque en gran parte de los casos con porciones minoritarias.

Esta participación le da acceso a información privilegiada de las diferentes compañías y en algunos casos hasta tiene incidencia en decisiones corporativas.

El anuncio oficial se conoce a dos meses de las elecciones presidenciales, donde el oficialista Frente para la Victoria buscará seguir en el poder a través de su candidato Daniel Scioli.

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La postura del principal candidato presidencial opositor, el derechista Mauricio Macri, en torno a esta cuestión, fue explicitada hace un año. Su partido Propuesta Republicana (PRO) se mostró a favor de “subastar” estas participaciones accionarias en manos de la Anses. Incluso, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), de la que participa Clarín, consideró en 2011 “fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando por lo tanto el avance de la participación estatal en dicho ámbito”.

La ley, en caso de aprobarse, pondrá una dura traba a este plan que propone llevar adelante un eventual gobierno del alcalde de la ciudad de Buenos Aires con respaldo empresarial.

El proyecto fue ideado “para que nadie más pueda disponer alegremente del patrimonio de los argentinos”, dijo la presidenta en un discurso en cadena por radio y televisión el jueves en la noche.

Agregó: “esto es plata de todos que había sido prestada en su momento (a través de los fondos jubilatorios privatizados en los años 90 y que regresaron a la órbitra estatal en 2008) sin intervención de nadie. Ahora no es que no queremos que se venda. Que se venda, pero con discusión en el Parlamento, donde están representadas todas las fuerzas políticas”.

Muy cerca suyo, en la Casa Rosada,  sede de gobierno, estaba Daniel Scioli, favorito para las elecciones del 25 de octubre próximo. “Queremos conformar una agencia en la cual podamos unir la administración de la participación en las empresas. Cada firma tiene miembros estatales en sus directorios, que participan en las decisiones. Eso tiene un sentido estratégico para el Estado”, dijo la mandataria.

La agencia estará presidida por el director de la Anses, funcionario que nombra el Poder Ejecutivo.  También contará con otros dos representantes del Ejecutivo y dos del Congreso, uno por la mayoría o la primera minoría y otro por la primera o segunda minoría, según la conformación que surja de las elecciones. “El proyecto de ley también sugerirá la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la inversión estatal en empresas privadas”,  agregó.

La administración de Fernández cuenta con mayoría en el Congreso, al menos hasta el 10 de diciembre próximo, cuando surgirá el nuevo parlamento tras los comicios. El proyecto de ley prevé que solo se podrán vender estas acciones mediante un debate en el Parlamento y aprobación por las dos terceras partes de los legisladores.

El Estado posee acciones en varias empresas privadas a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que se conformó a partir de la cartera de activos, principalmente bonos y acciones, que tenían las Administraciones de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), creadas en los años 90 y nacionalizadas en 2008.

El Estado posee acciones en 46 empresas, algunas de estas de gran porte, como la empresa de aluminio Aluar (9,4%), la acerera Siderar (26%), el banco Macro (31,5%) y el grupo Clarín (9%). (I)