¿Argentina está en emergencia social y alimentaria? Casi un año después de asumir el poder, el presidente Mauricio Macri ha desoído los reclamos insistentes de organizaciones de base para declarar una iniciativa de ese tipo que sirva de paliativo ante los graves efectos del ajuste y la recesión que sufre el país austral.

Pero el gobierno no contaba con una movida política inesperada: el Senado, dominado por la oposición, dio media sanción a un proyecto de ley que precisamente declara una Emergencia social y alimentaria en todo el territorio nacional.

El proyecto de ley fue aprobado a última hora del miércoles por 45 votos a favor y solo 13 en contra. La iniciativa fue apoyada por el “kirchnerista” Frente para la Victoria, el llamado peronismo federal, partidos provinciales, el GEN (Generación para un Encuentro Nacional, de centroizquierda) y hasta por la legisladora Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica, integrante de la alianza oficialista Cambiemos. La rechazaron los demás representantes del gobierno en la cámara alta y dos peronistas disidentes.

Ahora la ley pasará a Diputados. El oficialismo se enfrentará a una  lucha política para intentar frenar esta norma que echa luz a la grave  situación social que atraviesa el país con una elevada inflación (más del 40% anual), 1,4 millones de nuevos pobres y la pérdida de 127.000 empleos este año, según estadísticas oficiales.

La estrategia del gobierno será  obstaculizar la sanción de la ley ante la proximidad del fin de las sesiones ordinarias del Congreso que tiene hasta el 20 de noviembre para emitir dictamen. En caso de aprobarse, según afirman fuentes legislativas, el ejecutivo está decidido a vetarla, lo que sería una medida antipática ante el electorado a menos de un año de unas elecciones parlamentarias cruciales para el futuro de Macri que debería pagar así un alto costo político.

Pero no sería el primer veto del mandatario a una ley social. En mayo pasado, puso su firma en un decreto que dejaba sin efecto la Ley de Emergencia Ocupacional, que prohibía sacar de los trabajos durante 180 días y establecía una doble indemnización para los colaboradores que perdieran sus empleos. Lo hizo en medio de una  oleada de despidos en la administración pública y el sector privado.

Macri tiene experiencia en materia de vetos. Durante su gestión de 8 años como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2007-2015) vetó 128 leyes, algunas impulsadas por su propio partido en el palacio legislativo municipal.

¿Qué dice la ley de emergencia social y alimentaria aprobada por el Senado? La declaratoria se extendería durante un año. Entre otras cosas, establece el aumento del 15% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la asignación por embarazo, dos planes sociales aprobados durante el anterior gobierno “kirchnerista”. Además promueve la creación de un millón de empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social y constituye el Consejo de la Economía Popular que entre sus tareas incluye la de intervenir en la fijación de un salario social complementario para que los trabajadores informales sumen un ingreso extra a sus magros sueldos. En ese rubro la ley crea un Registro Nacional de la Economía Popular que sirva como censo de los trabajadores en situación precaria.

El gobierno rechaza la medida que contrasta con el plan de ajuste y recortes que impulsó desde su llegada a la Casa Rosada. La emergencia tendría un costo de $ 63 millones en diciembre y de casi $ 700 millones en 2017.

Mientras tanto, las organizaciones sociales que impulsaron esta iniciativa marcharán hoy al Congreso en respaldo de la ley. (I)