El principado de Andorra ha atendido positivamente el 80 % de los pedidos de información solicitados por el Perú sobre el caso Odebrecht, la investigación sobre corrupción que ha involucrado a la más alta plana política en el país, informó hoy el fiscal superior Alonso Peña.

El jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público (Fiscalía) agregó que "ha sido formidable el trabajo a pesar de que no tenemos un tratado bilateral ni acuerdo de entendimiento, pero se han invocado acuerdos internacionales", en declaraciones al programa Sin Reserva.

La constructora brasileña Odebrecht hizo depósitos por 15 millones de dólares en la banca de Andorra como presuntos sobornos a empresarios y exfuncionarios peruanos, entre los cuales están el exvicepresidente de Petroperú Miguel Atala, el abogado Jorge Cánepa, el exdirectivo de la Municipalidad de Lima Gabriel Prado y el exdirector del organismo de transporte Ositrán Juan Carlos Zevallos.

El fiscal Peña destacó que hay una buena fluidez y coordinación con las autoridades de Andorra, lo cual ha permitido atender las solicitudes de las autoridades peruanas.

Igualmente, Peña informó que Brasil ha respondido a 40 pedidos de asistencia presentados por Perú, dado que en ese país se encuentra "el caso madre" del escándalo Odebrecht.

El fiscal explicó que Brasil tiene un mecanismo de colaboración espontánea que permite enviar información relacionada con otro país sin que se requiera presentar un pedido expreso.

De esa forma, la unidad de colaboración de la Fiscalía recibió las anotaciones que hizo el empresario Marcelo Odebrecht en su teléfono móvil sobre los expresidentes Alan García y Ollanta Humala, así como la lideresa opositora Keiko Fujimori.

"Lo hemos remitido a la fiscalía de lavado de activos para que procedan de acuerdo a sus competencias, la unidad de colaboración no investiga, solo canaliza los pedidos", precisó Peña.

Las anotaciones de Odebrecht, corroboradas en un interrogatorio con fiscales peruanos, se refieren a los presuntos pagos hechos para la campaña electoral de Keiko Fujimori y supuestas coordinaciones con García y Humala respecto a proyectos de interés de la constructora en Perú.

La fiscalía peruana trabaja en esclarecer el reparto de 29 millones de dólares de Odebrecht en sobornos para adjudicarse obras entre 2005 y 2014, un periodo que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo, con orden de detención preventiva por lavado de activos; Alan García investigado por dádivas para la construcción del Metro de Lima y Ollanta Humala, detenido preventivamente por financiamiento irregular de su partido.

Asimismo, el actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, afrontó un frustrado proceso de destitución en el Congreso por contratos que una empresa suya firmó con Odebrecht mientras era ministro de Toledo (2001-2006). (I)