Ciudad de México.-

La administración mexicana de Enrique Peña Nieto espía no solo a criminales y terroristas, también lo hace con periodistas, abogados -entre ellos los que siguen el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa-, defensores de los derechos humanos y sus familiares, denunció un artículo del periódico The New York Times (NYT).

Por su parte, el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto (Canadá) certificó que, entre enero de 2015 y agosto de 2016, diversos periodistas y activistas mexicanos recibieron mensajes de texto fraudulentos para que se instalara en sus teléfonos un programa de espionaje que vigilaba a sus dueños mediante sus dispositivos.

De acuerdo al medio estadounidense, el Gobierno adquirió un avanzado programa de interceptación celular de una empresa israelí. El software Pegasus infiltra en teléfonos inteligentes con sus mensajes de texto, correos electrónicos y contactos a través de un link.

Pegasus utiliza el micrófono y la cámara del celular como herramientas de escucha y vigilancia. El diario argumentó que encontró restos de este software en decenas de mensajes de las personas vigiladas que además son críticos del Gobierno. La lista incluye a Carmen Aristegui, conductora del programa Aristegui, de la cadena CNN, y a su hijo Emilio, menor de edad (16 años).

Aristegui sacó a la luz en 2014 el escándalo de la ‘Casa Blanca’, valorada en $ 7 millones. La historia de un ‘arreglo especial’ de la primera dama, Angélica Rivera, por parte de un contratista que tiene una relación cercana con el mandatario.

La historia alcanzó una audiencia mundial y obligó a la esposa del presidente a entregar la casa, lo cual representó una especie de dilema ético para el Gobierno mexicano. Al final el presidente fue exculpado por la Secretaría de la Función Pública, mientras que Aristegui perdió su trabajo por supuestos desacuerdos dentro de la radiodifusora MVS Noticias.

A fines de abril de 2016, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), cuya organización representa a los padres de Ayotzinapa, participó en un panel internacional que fue a México para investigar la desaparición de los 43 normalistas que divulgaría su informe final. Ahí sonó su teléfono con una alerta de noticia falsa, al dar un clic interceptaron su móvil.

Además de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron atacados con el software, Santiago Aguirre, el abogado principal de las familias de los desaparecidos, y Stephanie Brewer, abogada estadounidense que trabaja con el grupo desde 2007.

La cita más reveladora en el artículo de NYT del lunes fue la de Luis Fernando García, dirigente de un grupo digital, quien indicó: “El hecho de que el Gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja la administración mexicana”.

La Fiscalía General de México anunció ayer una investigación sobre el presunto espionaje, mientras que la presidencia del país azteca rechazó esta denuncia argumentando que no hay pruebas del delito.

La carpeta de investigación estará a cargo de la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión (FEADLE), informó la Procuraduría General de la República.

¿El Gobierno tiene autorización para espiar deliberadamente?

Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso  armado para realizar esa solicitud.

Eduardo Guerrero, exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus, cuestiona: “¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?”.

El NYT explica que no hay pruebas definitivas de que el Gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar quién está detrás de los intentos específicos de pirateo.

NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No obstante,  no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién son usadas.

En 2013, México adquirió esa solución informática para espiar al narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera. La compañía cobra a sus clientes según el número total de objetivos por vigilar.

Para espiar a 10 usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra $ 650.000, además de la instalación de $ 500.000. (I)