Entre gritos de dolor de familiares de desaparecidos, el presidente electo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, inauguró este martes 7 de agosto en la convulsa Ciudad Juárez una serie de foros y consultas con víctimas de la violencia para buscar caminos de pacificación del país.

"¡Quiero justicia para mi hija!" y "¡Presentación con vida (de desaparecidos) y castigo a los culpables!" fueron algunas de las frases que retumbaron en el auditorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

"Sé que aquí hay sed de justicia (...) Diariamente están siendo asesinados, pierden la vida 80 mexicanos", enfatizó en su discurso el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el cargo el 1 de diciembre.

El objetivo de la veintena de foros que concluirán el 24 de octubre en la capital es "ilustrar el panorama de la victimización por región y por tipo de delito" para identificar indicadores de los mismos, expone un documento elaborado por el futuro equipo de seguridad de López Obrador.

La idea es elaborar "entre todos el plan que garantice la paz y la tranquilidad en el país", dijo el futuro mandatario mientras los gritos y consignas de algunos asistentes no cesaban.

"Si hay posibilidades de colaborar nosotros un poquito para que una familia no sufra lo que nosotros estamos sufriendo lo vamos a hacer con foros o sin foros", dijo a la AFP José Luis Castillo, padre de Esmeralda, una joven desaparecida en 2009.

Cubierto con una suerte de poncho estampado en el pecho y la espalda con el rostro de su hija coronado por la frase "no me olviden, falto yo",

Castillo subió al escenario para plantear su reclamo de justicia al mandatario electo.

"Reto para la credibilidad"

La activista en temas migratorios Blanca Navarrete reclamó dar mayor espacio a las víctimas en estos foros, mientras que el sacerdote Berto Manríquez consideró que el reto ahora será atender efectivamente sus exigencias.

"Que el gobierno que va a entrar tome en cuenta lo que aquí se está opinando y lo convierta en políticas públicas. Ese es el reto para la credibilidad", afirmó.

Para López Obrador la corrupción es el principal problema del país y sus consecuencias más graves son la desigualdad, la pobreza y la violencia.

Esta última se agravó desde que a finales del 2006 el gobierno inició una polémica ofensiva militar contra el crimen organizado.

Desde entonces más de 200.000 personas han sido asesinadas en México, según cifras oficiales que no precisan cuántas responden al combate a la criminalidad.

Entre las propuestas que ha adelantado López Obrador contra la violencia figura la idea de retirar gradualmente a los militares de las calles, depurar a los cuerpos policíacos y debatir la legalización de la marihuana y la amapola.

Sin embargo, lo que más polémica ha causado es la intención de impulsar una ley de amnistía que beneficiaría a menores reclutados forzosamente por narcotraficantes o campesinos que trabajan en campos de amapola, pero no a torturadores y asesinos, por ejemplo.

Los foros que iniciaron este martes intentan, entre otras cosas, averiguar si hay voluntad de las víctimas para implementar la amnistía, pero también para iniciativas como organizar comisiones de la verdad y legalizar drogas, añade el documento del futuro gobierno.

Argentina, Perú y Guatemala, ejemplos a seguir

El esbozo de lo que será la política de López Obrador para enfrentar la violencia parece "un buen comienzo", comenta a la AFP, el politólogo Daniel Vázquez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

"La guerra no puede ser la forma de acabar con el crimen organizado (...) no se puede hacer a través de la marina o del ejército en las calles, no se puede hacer a través de ejecuciones extrajudiciales", expone.

Vázquez consideró que la estrategia de López Obrador marca un enfoque distinto, al reconocer que la violencia no se solucionará con "mecanismos convencionales".

México pude seguir el aprendizaje que dejaron las comisiones de la verdad de Argentina, Perú y Guatemala, pero "necesitamos una clase política que esté decidida a llegar a la verdad", indicó.

Para el activista Fabián Sánchez, abogado en derechos humanos y justicia transicional, la comisión de la verdad tiene que ser nacional y no constituirse en varias regionales, como lo ha propuesto la futura secretaria de Gobernación (interior), Olga Sánchez.

"Se corre el riesgo de atomizar la verdad y diluir el contexto regional", argumentó.

Los relatos de los foros serán a puerta cerrada, adelantaron algunos activistas, y girarán en torno a testimonios de tortura, fabricación de delitos, secuestros, delitos que se ejecutan en un ambiente en el que la impunidad alcanza el 90% de los crímenes. (I)