Tres acusaciones de fondo tienen complicado al ex mandatario colombiano Álvaro Uribe (2002-2010): dejar que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fuera permeado por los narcotraficantes y paramilitares, permitir, como presidente,  interceptar ilegalmente las comunicaciones de sus opositores y dejar a sus subalternos actuar libremente en algunas desmovilizaciones falsas de guerrilleros y paramilitares.

Todas las denuncias contra el ex presidente se encuentran en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Las cortes aún no se han pronunciado, esperan el fallo político y que la Fiscalía compruebe las mismas.

Sin embargo, en las comisiones de acusaciones del Congreso, el ex gobernante tiene pendiente 261 denuncias  por supuestas anomalías de su Gobierno en la persecución de muchos ciudadanos que acudieron a esa instancia legislativa  encargada de sancionar políticamente al ex mandatario.

El narcotraficante y ex jefe paramilitar colombiano Daniel   Murillo, alias Don Berna, quien se encuentra preso en Estados Unidos, enfiló sus baterías contra el ex presidente acusándolo de estar al tanto que escuadrones de extrema derecha se habían camuflado dentro del desprestigiado cuerpo de inteligencia DAS para sacar información de políticos, empresarios, periodistas y gente opositora al anterior régimen, para no solo intervenir sus comunicaciones –llamadas “chuzadas”- sino programar atentados contra ellos. 

Como si esto no fuera suficiente, el ex paramilitar sentenció que el gobierno de  Uribe utilizó al DAS –cuando estuvo como directora María del Pilar Hurtado y que hoy está asilada en Panamá- para emprender una campaña de desprestigio contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, máximo organismo de control que fue acérrimo enemigo del ex presidente.

“Uribe tenía muchos motivos para desprestigiar a los jueces que se le convirtieron en una obsesión, pero fueron quienes destaparon los vínculos de políticos amigos del ex presidente con los grupos paramilitares y de narcotraficantes, por lo general gente de derecha afín al régimen”, sostiene el  politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Bernardo Ramírez.

Murillo también aseguró a las autoridades que miembros de los paramilitares estuvieron en la  Casa de Nariño reunidos con el antiguo secretario de la presidencia, Bernardo Moreno y mano derecha de Uribe, con el fin de  acordar las estrategias para el plan de desprestigio de los jueces.

Según el analista político  Andrés Salcedo, esta última acusación fue “la guinda que coronó el postre” de los señalamientos que se le han hecho a Uribe desde que dejó la Presidencia. “Es un  hombre que no quiere dejar el poder y se ha aferrado como un autócrata a criticar y  hablar de lo divino y lo humano de lo que sucede en Colombia, sin importar a quién   enfrente, como sucede ahora con el presidente Juan Manuel Santos”, enfatiza.

Las acusaciones  contra el ex mandatario  no son de ahora. El 18 de agosto de 2011, las baterías en su contra  llegaron desde Estados Unidos, cuando el  diario The Washington Post publicó un artículo en el que planteó que su gobierno habría usado dineros provenientes de la ayuda estadounidense y, posiblemente, funcionarios de ese país para llevar a cabo acciones ilegales que le permitieron abusar de su poder.

“El dinero, los equipos y la instrucción estadounidenses dados a unidades de élite de los servicios de inteligencia colombianos, se usaron para llevar a cabo operaciones de espionaje y campañas de difamación contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, opositores del presidente Uribe y otros grupos de la sociedad civil”, puntualiza el artículo.

Sin espera, Álvaro Uribe envió una carta al diario en la que sostenía que “tales afirmaciones manipulan y distorsionan la realidad hiriendo la imagen de un Gobierno que desmanteló las estructuras paramilitares en Colombia”.

El representante a la Cámara y una de las víctimas de las escuchas ilegales realizadas por el DAS, Iván Cepeda, manifiesta  que este es un nuevo aspecto por el cual el ex presidente   tendrá que responder ante el Congreso norteamericano, pero también ante las autoridades nacionales. “Personalmente haré  una acción para que congresistas de Estados Unidos  tomen cartas en este asunto”, garantiza.

El político sostiene que  con fondos estadounidenses el DAS supuestamente compró equipos especiales para interceptar teléfonos que por órdenes del poder ejecutivo no fueron usados para los fines que se tenía previsto. Por ello, Cepeda cree  que Uribe deberá   responder ante instancias internacionales por las escuchas y seguimientos ilegales.

Asimismo, la Cámara de Representantes –con mayoría de parlamentarios uribistas- está investigando las escuchas y seguimientos ilegales que afectaron a  miembros de distintos sectores de la sociedad colombiana. Estas denuncias y la actuación del Gobierno de Juan Manuel Santos  han puesto al rojo vivo las relaciones con su antecesor. El último roce tuvo características que la hicieron parecer definitiva y sin retorno.  La razón: las acusaciones que bajo el mandato de Uribe se presentaron desmovilizaciones falsas de paramilitares y guerrilleros y que involucraron al ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, amigo fiel del ex presidente.

En carta pública, Uribe le pidió a Santos “hacer algo” para evitar “la venganza criminal contra su gobierno”, de la cual responsabilizó al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. La furia del ex gobernante, esta vez, estaba alimentada por la inminente audiencia programada por la Fiscalía para imputarle cargos a Restrepo por las irregularidades ocurridas en la desmovilización del frente guerrillero Cacica La Gaitana, en marzo de 2006.

Sin embargo, cuando en el ambiente político se esperaba una explicación de Santos, su  gobierno decidió constituirse formalmente como víctima en ese proceso. Esta condición le permite acceso al expediente y lo pone de contraparte de quienes llevaron a cabo la desmovilización, entre los cuales, además de Restrepo, están quienes se encontraban a la cabeza de otras entidades del gobierno, como Acción Social, que giró el dinero para los desmovilizados, y el propio

Ejército, que intervino en la logística. Así, los gobiernos de Santos y de Uribe quedaron enfrentados en los estrados judiciales.

En explicaciones oficiales, el gobierno expresó que tuvo motivaciones jurídicas y no políticas para tomar esta decisión. Según el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y Cristina Pardo, secretaria jurídica de la Presidencia, no existe ninguna razón política contra Uribe, sino que las tres entidades del Estado que se constituyeron como víctimas –los ministerios de Justicia, Defensa y del Interior, más la Presidencia de la República– no hicieron otra cosa que responder a un llamado de la Fiscalía.

Para el analista Juan Carlos Gutiérrez, “este hecho marca el final de una relación entre jefe y subordinado, si tenemos en cuenta que Santos fue escudero del ex presidente Uribe, como ministro de Defensa, y que con los votos del uribismo obtuvo la presidencia actual”. Gutiérrez considera que muchas de las acusaciones contra el  presidente provienen de sectores políticos que fueron acorralados en su administración, pero que ahora han recurrido a los tribunales para ponerle freno a las actuaciones del ex mandatario.

Durante ocho  años -resalta el analista- Uribe se creyó dueño de Colombia, mandó e hizo lo que quiso como si estuviera manejando su finca de Antioquia, rodeándose de personajes sin escrúpulos que le obedecían. “Por eso hay muchos sectores que ahora ven como una reivindicación y una oportunidad el papel que está desarrollando la justicia para tratar de esclarecer actuaciones del ex presidente que no fueron claras y que perjudicaron a mucha gente”, asegura Gutiérrez.