El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom (2008-2012), pasó esta semana a engrosar la lista de exmandatarios latinoamericanos procesados o condenados por la justicia por delitos de corrupción. Para los guatemaltecos no es novedad ver a un exjefe de Estado involucrado en actos de corrupción, ya que en 2015 su  sucesor en el cargo, Otto Pérez, fue arrestado por un fraude en las aduanas.

Colom fue detenido el martes pasado junto a nueve funcionarios de su gabinete.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) los imputó por fraude y peculado y los acusó de conformar una organización criminal que sustrajo de manera ilegal Q270 millones (quetzal moneda local) ($ 35 millones) de las arcas del Estado, que fueron trasladados a cuatro empresas privadas que operaban el sistema de transporte público Transurbano.

Entre los detenidos se encuentran los exministros Juan Alberto Fuentes Knight (Finanzas), Salvador Gándara (Gobernación), Ana Ordóñez (Educación), Abraham Valenzuela (Defensa), Édgar Rodríguez (Trabajo), Celso Cerezo (Salud) y Luis Alberto Ferraté (Ambiente).

La trama

Según las investigaciones preliminares del caso Transurbano, el fraude millonario se empezó a fraguar desde antes de que Colom llegara al poder. En 2007, la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) movilizó votantes y trasladó fondos para los partidos que punteaban en las encuestas, principalmente la  Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido con el que Colom ganó las elecciones de ese año.

A finales de 2008, la Comisión de Modernización del Transporte Público, conformada por el gobierno y representantes de la AEAU, aprobó el Acuerdo Definitivo 004 por medio del cual se comprometieron a continuar la negociación para la compra de buses e implementar un sistema prepago de pasajes.

En marzo de 2009, los directivos de la AEAU crearon las sociedades anónimas Expansión Corporativa Milenium, Tendencias Modernas Latinoamericanas, Rutas Metropolitanas de Transporte y Concesionarios de Transporte. Esas empresas fueron beneficiadas con la adjudicación de contratos por $ 35 millones en una licitación ficticia. La fiscal general Thelma Aldana informó que las sociedades fueron constituidas con el fin de captar los recursos que se destinarían más tarde para financiar el sistema prepago del Transurbano. Entre los representantes de las cuatro empresas figuran Rudy Leonel Maldonado y Luis Gómez, presidente y vicepresidente de la AEAU, respectivamente.

“Es decir, que los transportistas acordaron el negocio y también crearon los mecanismos para beneficiarse de este”, indicó la fiscal.

Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, dijo que con el acuerdo se desarrolló “un artificio” para evadir los mecanismos de control del Estado y beneficiar a la asociación privada de transporte.

Las firmas de los 13 ministros para aprobar el Acuerdo 103-2009 fueron recogidas por separado; el documento no fue firmado por el exvicepresidente Rafael Espada, quien no ha sido implicado en el caso. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía y la Cicig, el expresidente Colom intervino para la conformación del procedimiento.

El exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, fue quien preparó y evaluó el contenido del Acuerdo sin tomar en cuenta análisis financiero, estudios sobre el alcance del sistema prepago, consulta a la Municipalidad de Guatemala y tampoco sobre la capacidad de la AEAU para implementar el nuevo sistema de cobro del pasaje.

Según la acusación, la compra de los vehículos estuvo sobrevalorada y las cuatro empresas ganadoras estaban escogidas antes de la licitación para prestar el servicio en 109 rutas de transporte público en la capital durante 25 años.

El juez Undécimo de Primera Instancia Penal, José Cojulum, resolvió enviar a la mayoría de exfuncionarios capturados a la prisión de Mariscal Zavala, mientras rinden su primera declaración en la audiencia programada para el próximo 23 de febrero. Salvo los exministros de Ambiente y Recursos Naturales, y el de la Defensa Nacional, Luis Alberto Ferraté y Abraham Valenzuela González, respectivamente, fueron enviados a centros hospitalarios bajo custodia policial, al aducir problemas de salud.

El jefe de la Cicig, Iván Velásquez, y la fiscal Aldana no descartaron que en las siguientes fases de la investigación del caso Transurbano, el transporte operado por el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA), más políticos resulten implicados en el fraude, como la exprimera dama Sandra Torres. El caso aún no ha determinado la responsabilidad sobre el manejo de otros Q122.8 millones otorgados como subsidio a la AEAU durante el gobierno de la UNE.

A su llegada a los Tribunales, Colom se mostró confiado en que será librado de los cargos. “Para nosotros todo es legal”, aseveró. La captura del expresidente ocurrió tres meses antes de que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, definiera al nuevo fiscal general que sustituya a Aldana, una de las líderes de una cruzada anticorrupción, acompañada por la Cicig, que desde 2015 ya llevó a dos expresidentes, diputados y exfuncionarios a tribunales. (I)