La Policía Federal de Brasil allanó esta mañana la residencia oficial del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, como parte de una investigación sobre la malversación de recursos públicos en la respuesta del estado a la pandemia de la covid-19.

La policía no precisó si Witzel, un exjuez federal, era blanco personal de alguna de las 12 órdenes de allanamiento e incautación en los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo. De acuerdo con la investigación a nivel estatal, existen irregularidades en los contratos adjudicados para la construcción de hospitales de emergencia en Río de Janeiro y también estarían involucrados funcionarios de salud, dijo la policía en un comunicado.

“No existe ningún tipo de participación mía en ningún tipo de irregularidad”, dijo Witzel en una nota. El gobernador de Río insinuó que es blanco de una venganza política, al asegurar que “la interferencia anunciada por el presidente brasileño se ha hecho oficial”

El presidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido abiertamente desafiado por las medidas restrictivas de varios gobernadores para contener el avance del coronavirus, con el jefe de Río como uno de los principales adversarios. Bolsonaro acusó a los gobernadores de generar pánico en los brasileños con la adopción de excesivas medidas de cuarentena que, según el presidente, afectarán la economía provocando un daño superior al del virus.

Bolsonaro ha sido acusado de un intento indebido de interferencia política en la Policía Federal por parte del exministro de Justicia, Sergio Moro, cuando renunció, una acusación que valió la apertura de una investigación el 27 de abril.

Carla Zambelli, una diputada federal cercana al presidente brasileño, dijo que la Policía Federal estaba investigando gobernadores por contratos relacionados con la pandemia. Aunque no mencionó nombres, las declaraciones llevaron a que el gobernador Witzel diga que la operación pudo haber sido inducida por el gobierno federal en un intento de “construir una narrativa que nunca será comprobada”. El 14 de mayo, los fiscales federales lanzaron una operación por separado para analizar la respuesta del estado al coronavirus y emitieron 25 órdenes de registro y arresto en Río de Janeiro y Minas Gerais, estados vecinos.

Los fiscales federales dijeron entonces que un grupo de empresarios trató de aprovecharse de la pandemia para desviar unos 3,95 millones de reales (más de 725.000 dólares) en recursos públicos a través de contratos para la construcción de hospitales de campaña.

Río es el segundo estado brasileño más castigado por el coronavirus con más de 4100 muertos y cerca de 40 mil contagios desde la llegada de la pandemia.

Brasil ha registrado hasta ahora casi 374.900 casos positivos y más de 23.400 fallecimientos por el nuevo coronavirus. (I)