A dos años de iniciada su labor, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrenta la etapa más crítica de su mandato: se ha hecho efectivo el pedido de revocatoria al poder que ejerce desde enero de 2011. La fecha consignada para su ejecución es el 17 de marzo de este año. Ese día los limeños decidirán si Villarán y los treinta y nueve regidores que fiscalizan al gobierno municipal completarán el periodo para el que fueron electos o darán un paso al costado. No es una situación fácil para la ciudad que ocupa el quinto lugar entre las más grandes de Latinoamérica y el treinta y cuatro entre las ciudades más pobladas del mundo, y en la que, por primera vez, una mujer ejerce este encargo democrático.

Susana Villarán de 63 años, educadora y periodista, con amplia experiencia en el campo de los derechos humanos, seguridad ciudadana, políticas sociales con atención especial en temas de equidad de género, infancia y juventud, llegó al poder luego de una campaña en la que sus dos principales contendores, Alex Kouri y Lourdes Flores Nano, se vieron envueltos en sendos enredos políticos.

Ante ellos, la popularidad de Villarán, quien fuera candidata a la presidencia en el 2006, pasó a darle rédito en las encuestas, obteniendo la victoria con 1’743.712 sufragios, equivalentes al 38% del total de los votos válidos. De ese modo Villarán, auspiciada por su movimiento Fuerza Social, alcanzaba la victoria. Su discurso en la campaña no estuvo libre de polémica. En un país con una guerra interna que terminó hace apenas 20 años y de la que gran parte de sus ciudadanos recuerda los postulados marxistas - leninistas con los que se justificaban las matanzas, Villarán irrumpió con un discurso de izquierda en el que integró mesura y propuestas en busca de volver a la ciudad más grande de Perú “un espacio para todos”.

Apenas iniciado el mandato los ejes de su trabajo se desplegaron en tres sectores: seguridad ciudadana, atención a la infancia y mejora del transporte público. Y ha sido este último, acaso, el causante de una agitación social que ha visto en la revocatoria una posible salida al supuesto caos generado por la alcaldesa. Lima tiene, entre uno de sus principales problemas, un elevado número de flota de automotores que funciona como transporte público.

El 80% de la población invierte dos horas diarias en movilizarse dentro de la ciudad, evidenciando la mala optimización de los espacios y arrojando como resultado una compleja dinámica de traslado interno. Villarán empezó a ejecutar su accionar por este lado: la reorganización del tráfico en las vías principales no solo obedeció a sacar de circulación algunas unidades, acogiéndose a un proceso de chatarrización, sino que se proyecta como un profundo cambio que busca, en los próximos dos años, poner fin a las largas jornadas de espera en las calles de Lima. Esto no fue visto con buenos ojos por los directivos del transporte, quienes, aglutinados en la figura de Marco Tulio Gutiérrez, dieron inicio a la campaña de recolección de firmas que buscó, desde finales del 2011, cesar el ejercicio de la alcaldesa acusándola de incompetente para el cargo que ostenta.

Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Tributario, Administrativo, Municipal y Constitucional, ha sido también hombre cercano a Luis Castañeda Lossio, ex alcalde de la ciudad, investigado en la administración de Villarán por casos de corrupción. Su figura, desde que el proceso de revocatoria inició, ocupa los encabezados de todos los medios de comunicación de la ciudad, los mismos que juegan un papel preponderante en la información que la gente maneja en referencia al tema.

Las voces que acusan a Susana Villarán de inactividad frente a los problemas de la ciudad han tenido ventaja. El sábado 14 de octubre de 2012 el populoso sector de “La Parada” se convirtió en un campo de batalla: los vendedores del Mercado Mayorista –que durante años funcionó en este espacio– se resistían con piedras y palos a la orden de reubicación dictada desde la municipalidad. Saqueos, robos y enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden dejaron como saldo cuatro muertos y una millonaria suma de pérdidas. Para diciembre del mismo año, los muros de contención en la obra del drenaje en el Parque Rímac cedieron al elevado caudal del agua, llevándose consigo gran parte de la obra que, según había asegurado días antes la alcaldesa, estaba lista para ser inaugurada.

A eventos como esos los medios de comunicación, de forma parcializada, le han sacado provecho, seguidos por los revocadores, con Marco Tulio Gutiérrez a la cabeza. Y han podido más éstos ecos que las probadas irregularidades que se han encontrado del lado que busca la salida de Villarán.

Para la primera quincena de enero, por ejemplo, estalló el escándalo sobre las firmas falsas con las que se había aprobado la revocatoria de la alcaldesa: tres identidades a las que se atribuían las firmas pertenecían a personas muertas. Unos días antes y tras la entrega de la lista que contenía el nombre de los 34 principales aportantes a la campaña por la revocatoria, se confirmó que las personas que figuraban con los mayores aportes negaban haber entregado dichas cantidades de dinero a la campaña comandada por Gutiérrez.   

De esta forma, el panorama que tiene por delante la alcaldesa es incompatible con la sonrisa con la que se la retrata en todas las caricaturas que se realizan en los diarios de la urbe: las últimas encuestas arrojaban que un 61% de la población estaría a favor de que Villarán deje su cargo. ¿Las razones? El mismo discurso de los revocadores: no realiza una buena gestión en obras (35%) y debería dejar el lugar a alguien más capaz (26%). La gran mayoría, representada por un 71,7% de ciudadanos, reprueba su gestión. Frente a ellos, con apenas un 31%, se enfrentan quienes creen que la alcaldesa debería terminar el periodo de cuatro años para el que fue electa.

En las últimas semanas un factor más se ha asociado a la dinámica de este proceso: las filas del APRA, partido del ex presidente Alan García, han declarado su apoyo irrestricto a la revocatoria de Villarán. Posición opuesta a la de los integrantes de Perú Posible, partido del ex mandatario Alejandro Toledo, quienes han visto en la continuidad de Villarán un deber democrático que tiene que ser cumplido.

El proceso de revocatoria de resultar en contra de Villarán podría llevar a sucesivas elecciones, para nombrar  sus posteriores reemplazos. El costo económico marcado en  260 millones de soles (102 millones de dólares), en nada equipara al desgaste democrático que este proceso acarreará. De esta forma los limeños ven pasar los días para ir a votar.