Los alcaldes de la Red de Ciudades Sudamericanas (Redcisur) manifestaron ayer su apoyo y solidaridad a su homólogo bogotano, Gustavo Petro, destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer funciones públicas, sanción que consideraron “peligrosa” para la democracia, ya que afecta la autonomía de los gobiernos locales.

“Consideramos muy grave este hecho ya que asesta un duro golpe a la gobernabilidad de nuestra hermana ciudad de Bogotá y significa una peligrosa señal para nuestras democracias”, manifiestan los firmantes de la carta, divulgada ayer por la Alcaldía de Bogotá.

La misiva está firmada por los alcaldes e intendentes de Quito (Ecuador), Augusto Barrera; Lima (Perú), Susana Villarán de la Puente; Río de Janeiro (Brasil), Eduardo Paes; La Paz (Bolivia), Luis Revilla; Santiago de Chile (Chile), Carolina Tohá Morales; Montevideo (Uruguay), Ana Olivera; Asunción (Paraguay), Arnaldo Samaniego; y Buenos Aires (Argentina), Mauricio Macri.

En la carta, divulgada con motivo del foro internacional “Hacia una seguridad humana urbana en América Latina”, sobre seguridad urbana, que se celebró ayer en Bogotá, los alcaldes expresaron su “preocupación” e “intranquilidad” por la drástica sanción impuesta a Petro por el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, por un caso de supuesta mala gestión administrativa.

Petro, un exguerrillero de 53 años electo para gobernar Bogotá de 2012 a 2106, fue acusado por la Procuraduría por haber actuado con dolo al reformar el sistema de recolección de basura de la ciudad en diciembre de 2012. El alcalde no renovó los contratos a las empresas privadas que recogían los residuos y puso en manos de compañías públicas esa labor, un proceso que generó un caos de tres días en los que se presentaron dificultades para brindar el servicio de recolección en la capital colombiana.

Alcalde de Quito se solidariza
El alcalde metropolitano de Quito, Augusto Barrera Guarderas, a través de una misiva, expresó de manera particular su apoyo y su solidaridad a su homólogo bogotano en nombre del pueblo quiteño.

Barrera también cuestionó la sanción del procurador Ordóñez. “Esta decisión debilita las democracias de la región, desconoce la autonomía de los gobiernos locales y la voluntad de los ciudadanos que eligieron” a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.

A su vez, el alcalde quiteño hizo votos para que se dé una pronta solución al conflicto que ha generado la destitución de Petro, y que esté “apegada al mandato popular” a fin de que se “restablezca la confianza en las instituciones del Estado” y “la democracia en nuestra región”.

Fiscalía revisa procedimiento
El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, realizó ayer una inspección a la Procuraduría para verificar el procedimiento por el que este organismo administrativo destituyó e inhabilitó al alcalde de Bogotá.

“Vamos a verificar esa decisión, a examinar el expediente, a analizar las pruebas que se tuvieron en cuenta”, explicó Montealegre, quien resaltó la trascendencia del caso al señalar que “el procurador destituyó al segundo funcionario más importante del país (después del presidente), que es el alcalde Petro”.El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, por su parte, dijo que “los organismos internacionales acreditados en el país no están para tomar partido o para aprobar o improbar decisiones judiciales o disciplinarias” de los temas internos de Colombia.

Iragorri hizo este pronunciamiento en referencia al anuncio de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, de querer analizar el fallo de la Procuraduría.

El Gobierno calificó como un “problema” el hecho de que esa oficina acreditada en Colombia “se inmiscuya en decisiones de orden disciplinario”, aludiendo de manera expresa al caso del alcalde Petro.

UN SUCESOR SERÍA ELECTO EN LAS LEGISLATIVAS

Según la Ley 1475 de 2011, la cual reglamentó la reforma política, una vez se determine la “falta absoluta” de un alcalde, el Gobierno debe solicitar a la organización política que lo avaló, el movimiento Progresistas, una terna para nombrar encargado.

En caso de que falten menos de 18 meses para concluir el mandato, este encargado termina el periodo. Como en este caso faltan más de 18 meses, se debe convocar a elecciones, por lo que una fecha probable sería el 9 de marzo, el mismo día de los comicios legislativos, lo cual jurídicamente es posible, señaló el diario El Tiempo.