Veracruz/ México.-

Aterrados con balaceras, secuestros, masacres y decapitaciones, los mexicanos irán hoy a votar, en algunas zonas bajo virtual estado de guerra como en Veracruz, tomado por militares encapuchados que enfrentan a los narcotraficantes en la calle, a plena luz del día.

Unos 79,5 millones de mexicanos podrán elegir hoy al próximo presidente  para el período 2012-2018 entre la continuidad del conservador Partido Acción Nacional (PAN), con Josefina Vázquez; el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que dominó la política mexicana durante 71 años hasta 2000, con Enrique Peña Nieto; o la coalición de izquierda que representa Andrés Manuel López Obrador, derrotado en 2006.

También se renovarán las dos cámaras del Congreso (500 diputados y 64 senadores). Además, habrá elecciones locales en 15 estados y se elegirán siete gobernadores en Chiapas, Distrito Federal (jefatura de gobierno), Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán.

Verdaderos ejércitos de insurgencia criminal o paramilitar, los narcotraficantes desangran a México en su disputa por las rutas y el mercado de la droga. Los estados de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero y Chihuahua son los principales teatros de guerra.

Pero los candidatos presidenciales apenas han tratado el tema de la violencia. Y menos han dicho cómo la van a enfrentar, más allá de ajustar la ofensiva militar antidrogas lanzada en 2006 por el presidente Felipe Calderón, que  ha desplegado 80.000 militares y policías federales en operaciones contra los carteles, que han dejado  más de 50.000 muertos y 5.000 desaparecidos.

El presidente Calderón instó el martes a quien le suceda a mantener el combate al crimen con “determinación” y señaló que si algún legado deja su administración es que “los criminales ya no actúen impunemente”.

Sin embargo, ninguno de los  candidatos “tiene claro qué hacer, sus propuestas van en el mismo sentido: crear una policía nacional. Pero más allá, no tienen claridad”, resume el experto en políticas públicas José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económica.

El candidato del PRI, favorito en las encuestas, ha propuesto crear una gendarmería que asuma la tarea antidroga y anunció que un policía colombiano, el general Oscar Naranjo, hombre de confianza de Washington, será su asesor contra los carteles. Por su parte, López Obrador guarda silencio frente al rol militar y señaló que su prioridad será reducir la pobreza y desempleo que empujan a millones de jóvenes a la violencia.

“El dolor de las víctimas de la violencia es mayor, ante su indiferencia (...) ustedes no pueden evadir su responsabilidad”, cuestionó el poeta Sicilia en un encuentro con los candidatos el 28 de mayo.

“Quien gane que calme esto. Estamos cansados de tanta matazón. Da miedo salir: me tocó una balacera cuando andaba comprando el uniforme de mi nieto y vi caer muerto al vendedor”, contó  Elia Espinoza, ama de casa de 56 años, en un mitin.

El despliegue militar ha permitido capturar a 22 de los 37 capos más buscados, pero no ha frenado el incremento de los crímenes en número y brutalidad.

En territorio Z

Veracruz, franja de litoral de 750 km, es un corredor de droga e inmigrantes que van a Estados Unidos, y de armas que salen de ese país para el arsenal de los carteles.

Con chalecos antibalas, fusiles R-15, armas cortas y lanzagranadas, los marinos peinan las calles del otrora apacible puerto de Veracruz, el principal en la costa del Golfo de México, 400 km al este de Ciudad de México.

Invadido por los Zetas, considerado el cartel más sangriento y creado por ex militares de élite, Veracruz ha vivido un estallido de violencia disparada en 2011 con el surgimiento de los Matazetas, vinculados a carteles enemigos, como el de Sinaloa del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En las afueras del estado de Veracruz aún aparecen fosas comunes. Decenas de cadáveres hubo en septiembre apilados en camiones frente a un centro comercial. Balaceras, secuestros, sicariato y extorsiones se volvieron cotidianos. “Oír de muertes es normal. Ahora sólo salgo en zapato bajo por si hay que correr”, dice Enriqueta Ruiz, una costurera de 58 años.

Cientos de marinos llegaron en diciembre de 2011 para sustituir a 1.200 policías, dados de baja por la infiltración del crimen organizado. Trincheras de sacos de arena flanquean la entrada de lo que fue la policía local, hoy búnker de la Marina. Donde había un cajero automático de banco, hay un vigía militar.

Muchos consideran que están un poco mejor, pero el miedo y la desconfianza saturan el cálido aire del puerto. No se puede hablar con cualquiera. Nunca se sabe si el lustrabotas, el vendedor de tacos o el taxista es halcón -espía de los narcos-.