Bogotá.- Sindicalistas, estudiantes, trabajadores de la salud y la educación se manifestaron ayer en las principales ciudades de Colombia en respaldo a una protesta de miles de campesinos y en repudio a los tratados de libre comercio (TLC) promovidos por el Gobierno.

En Bogotá, cientos de personas vinculadas a centrales obreras participaron en una marcha hasta la céntrica plaza de Bolívar para apoyar a los campesinos que protestan desde el lunes en demanda de ayudas económicas, acceso a la propiedad de la tierra -en contra de las políticas neoliberales del Gobierno- y exigen revisar o derogar los TLC.

Manifestaciones similares se realizaron en una treintena de ciudades, incluidas Medellín (noroeste) y Cali (suroeste), las más importantes después de la capital. “Le decimos al Gobierno que escuche la voz de los campesinos y los sectores sociales que hoy están en conflicto. Este país no se lo vamos a dejar a los grandes agroproductores, a las transnacionales que se están apoderando de los terrenos”, dijo Eberto Díaz, portavoz de la Mesa Nacional de Interlocución Agraria, que organiza la protesta.

El gobierno de Santos se declaró abierto al diálogo, pero  advirtió que no permitirá bloqueos en las víasVíctor Ríos, un campesino que llegó a la manifestación desde una zona rural de las afueras de Bogotá, indicó que protesta porque “el Gobierno está importando de otros lados y haciendo que lo que uno produce no valga nada”.

A principios de agosto comenzó a aplicarse un TLC entre la Unión Europea y Colombia, país que en los últimos años también ha puesto en vigor tratados similares con Estados Unidos y Canadá.

Desde el lunes y de forma indefinida, miles de campesinos están concentrados en zonas rurales de Colombia para exigir que fijen precios de sustentación para ciertos productos y la rebaja de los insumos agrícolas.

Además, los pequeños agricultores buscan garantías para el acceso a la propiedad de la tierra, una política favorable a los mineros artesanales y mejoras en las zonas agrícolas, en cuanto a salud y acceso al agua potable.

Al menos 13 carreteras del país se encuentran bloqueadas por los manifestantes en los Departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Antioquia y Boyacá a la altura de la ciudad de Tunja, donde se registraron enfrentamientos con la fuerza pública.

Ayer, unos 40.000 camioneros que piden rebajas en los precios de los combustibles y miles de maestros en busca de mejoras económicas se sumaron también al paro campesino, según los organizadores.

Paralelamente, mineros artesanales cumplen ya casi un mes de protestas en demanda de su formalización. “Si protestamos todos juntos, con una misma voz, el Gobierno se tiene que dar cuenta del daño que hace con sus políticas neoliberales y escuchar finalmente al pueblo campesino, ahogado por los TLC”, dijo Nicole Pachón, una estudiante de 18 años que se unió a las quejas.

Mientras tanto, desde Bogotá los líderes sociales y sindicales pidieron en una carta al presidente Juan Manuel Santos que se instalen mesas de diálogo para ofrecer “soluciones concretas” a los sectores en conflicto y que cesen los ataques de la fuerza pública a los manifestantes.

El gobierno de Santos se declaró abierto al diálogo, pero advirtió que no permitirá bloqueos en las vías ni desórdenes. Por ello, 15.000 agentes están desplegados alrededor del país para controlar las decenas de manifestaciones y actos de protesta.

Hasta ayer, 46 personas fueron detenidas en las movilizaciones, según un balance de la Policía.

LAS FARC ADMITEN RESPONSABILIDAD EN EL CONFLICTO

La guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reconoció ayer por primera vez su cuota de responsabilidad por los miles de muertos en el conflicto armado de casi medio siglo en Colombia y propuso avanzar con “lealtad” en el tema de reparación a las víctimas en las negociaciones de paz.

Las FARC hicieron este reconocimiento casi un mes después de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, admitiera por primera vez la responsabilidad del Estado en “graves violaciones” a los derechos humanos en el marco del conflicto, que ha dejado unos 600.000 muertos y más de tres millones de desplazados.

“Sin duda, también ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas”, dijo la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por Pablo Catatumbo, integrante de la delegación que negocia la paz con el gobierno de Santos en La Habana desde el 19 de noviembre de 2012. “Así y todo, debemos reconocer la necesidad de aproximar el tema de víctimas, su identificación y su reparación con total lealtad a la causa de la paz y la reconciliación”, agregó el dirigente de las FARC.

La reparación de las víctimas es uno de los puntos todavía no abordados de la agenda de pláticas, junto con el abandono de las armas y las drogas ilícitas.

Actualmente ambas partes debaten la participación política y en mayo lograron consenso en el complejo tema agrario, causa de la disputa que condujo en 1964 a la creación de las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina y la mayor de Colombia, que tiene unos 8.000 combatientes.

Catatumbo reiteró -además- la exigencia de crear una comisión internacional de la verdad que investigue el enfrentamiento fratricida en Colombia. “Hemos propuesto a los señores del Gobierno (...) que se proceda de inmediato a la integración de una comisión conformada por expertos nacionales y extranjeros en aras de investigación de la historia, para que se establezca la verdad de lo acontecido durante la violencia partidista”, dijo el líder guerrillero. “Esa comisión  debe ser integrada inmediatamente”,  agregó Catatumbo,  quien  invitó al país entero “a un día de reflexión y contrición”.(AFP)