Representantes del Gobierno colombiano y promotores del paro agrario reanudaron ayer las conversaciones en Santander de Quilichao tras casi 2 semanas de protesta y varias sesiones de diálogo, con la expectativa de alcanzar un pacto satisfactorio.

Unos 70 mil labriegos, miembros de grupos indígenas y afrodescendientes participan en la Minga Agraria, Étnica y Popular, nombre con el que identifican las marchas y plantones, para reclamar al Gobierno que honre los compromisos adoptados en años anteriores.

Los demandantes piden que el Ejecutivo cumpla con el fomento de proyectos productivos mediante un fondo de financiamiento acordado previamente, con la revisión de los Tratados de Libre Comercio, a los que responsabilizan de la quiebra de pequeños productores, y con la suspensión de programas mineros en sitios claves desde el punto de vista ambiental y en otros donde ponen en riesgo la supervivencia de las comunidades.

Además, exigen respeto por la identidad y los criterios de los pueblos asentados en los escenarios campestres, junto con la derogación de la ley Zidres, por considerar que esta persigue despojar de sus terrenos a cultivadores de escasos recursos.

Más que subsidios, lo que están poniendo sobre la mesa es un replanteamiento de la vida rural del país, que abarca desde el ordenamiento territorial hasta la minería, pasando por los cultivos ilícitos, opinan analistas.

Cumbre Agraria, una de las impulsoras de la Minga, aboga por una política de reforma integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que genere acceso seguro para quienes carezcan de ella y desmonte el latifundio como expresión histórica de la desigualdad.

Tres indígenas han muerto durante la movilización y más de 100 civiles resultaron heridos. (I)

La apertura de la vía Panamericana está condicionada

Colombia estaba ayer a la expectativa de los resultados de la segunda reunión entre el Gobierno y los líderes de la Cumbre Agraria, especialmente por la posibilidad de un acuerdo para que la vía Panamericana sea habilitada de forma permanente.

Esto, porque el sábado se venció el plazo de 36 horas fijado por las comunidades indígenas para mantener abierta la vía y permitir el paso de los productos, pero bajo la amenaza de ser cerrada si no se llegaba a un acuerdo con el gobierno. (I)