En los alrededores de la mayor ciudad de África Occidental, la marfileña Abiyán, donde hace 10 años, una serie de camiones vertieron más de 540.000 litros de residuos tóxicos descargados de un barco fondeado en el puerto cercano, cientos de víctimas siguen hoy sin recibir información, resarcimiento económico ni apoyo alguno por lo sucedido.

De acuerdo con un informe del grupo Amnistía Internacional (AI), publicado recientemente en Londres, las autoridades de Costa de Marfil “siguen siendo cómplices de abusos, tanto por inacción como por omisión”.

Los residuos tóxicos vertidos pertenecían al operador multinacional de petróleo Trafigura, que durante 2006, operó esencialmente una refinería de petróleo flotante en los mares de Europa.

A bordo de ese barco, Trafigura trató un producto petrolífero sucio, lo mezcló con gasolina y lo vendió después como petróleo en África Occidental, entre otros lugares. Este proceso también produjo residuos químicos peligrosos que Trafigura no sabía cómo eliminar en condiciones de seguridad.

Los residuos se vertieron finalmente en 18 lugares de los alrededores de Abiyán, transportados por una empresa local contratada por Trafigura para deshacerse de ellos por una cantidad ligeramente inferior a $ 17.000.

De acuerdo al informe de AI, los vertidos tuvieron efectos devastadores en la población de Abiyán, ya que en los meses siguientes miles de personas -se estima que 100.000- acudieron a hospitales aquejadas de síntomas como problemas respiratorios, vómitos, dolores de cabeza, lagrimeo persistente, hemorragias nasales y lesiones cutáneas.

Aunque las autoridades informaron de 15 muertes, los expertos independientes estiman que el número de fallecidos fue superior.

En un informe de 2012 sobre este desastre, titulado ‘The Toxic Truth’, AI y Greenpeace calcularon que se vertieron 70.000 litros de residuos cerca de Djibi, a las afueras de Abiyán. El documento reveló, además, que bolsas rebosantes de suelo tóxico procedentes de otros vertederos estuvieron almacenadas allí hasta mediados de 2010.

Sin embargo, el Gobierno de Costa de Marfil anunció hace 9 meses que el tratamiento de ese suelo concluyó.

La Organización No Gubernamental británica en su nuevo informe indicó que al cumplirse el décimo aniversario de los vertidos tóxicos, el centro de salud de Djibi, creado por el Gobierno marfileño para hacer frente al problema, “simboliza el legado tóxico de este desastre”.

En una serie de entrevistas con las víctimas, AI indicó que los damnificados “dijeron que también fueron abandonados”. Aunque Trafigura pagó algunas indemnizaciones, muchas víctimas no recibieron compensación. Nadie revisó su salud, ni evaluó los posibles riesgos a largo plazo”.

También destacó que los residentes de Abiyán creen que los vertederos no se limpiaron totalmente, pues todavía perciben los residuos cuando llueve intensamente.

A pesar de ello, “la gente cultiva verduras y hortalizas en los vertederos”. De acuerdo con la investigación de AI, dos factores parecen colmar inevitablemente ese vacío de información y acción, “prolongando un legado ya tóxico”.

“El primero es el miedo. De los 38 residentes de Abiyán con los que AI habló, casi todos creen que continúan enfermos por la inhalación de sustancias químicas de los residuos.

A las personas les preocupa las consecuencias a largo plazo para ellas y sus familias, sobre todo porque nadie se sometió a chequeos médicos y porque no saben qué contenían exactamente los residuos.

AI mencionó como segundo factor “la explotación” de las víctimas por parte de las autoridades. “En una búsqueda desesperada de alguna clase de justicia, las víctimas se unieron a asociaciones que garantizan sin fundamento el cobro de una indemnización de Trafigura mediante demandas legales a cambio del pago de comisiones iniciales y de una proporción de las cantidades que puedan obtenerse por concepto de daños y perjuicios”.

Finalmente, el grupo defensor de los derechos humanos admitió que tras años de conflicto y agitación social, Costa de Marfil da pasos en la dirección correcta. Sin embargo, subrayó que el Gobierno marfileño “puede y debe hacer algo más que apoyar y tranquilizar a las víctimas”.

“Debe obligar por fin a Trafigura a revelar el contenido exacto de los residuos, revisar la salud de las personas expuestas a los residuos y evaluar, y dar a conocer los posibles riesgos a largo plazo en la salud y el medio ambiente”, recalcó Amnistía. (I)