El gobierno argentino de Mauricio Macri ya tiene, según organismos de derechos humanos, a su primera “perseguida” social en menos de 45 días de gestión. Se trata de Milagro Sala, principal referente de la organización kirchnerista Tupac Amaru y diputada del Parlamento del Mercosur (Parlasur), detenida y en huelga de hambre desde el 16 de enero pasado tras liderar una protesta pacífica en la provincia de Jujuy, norte del país.

Amnistía Internacional, en un comunicado divulgado en su sitio oficial, pidió su “inmediata liberación” y cesar la “persecución” contra su persona y contra “las organizaciones sociales” de esa provincia limítrofe con Bolivia.

Amnistía pidió que “se garantice la integridad física de Milagro Sala y se ordene su inmediata liberación;  “que se ponga fin a la persecución”  de esa dirigente y de las organizaciones sociales y que las autoridades provinciales concedan una reunión para entablar un diálogo”. Además, exhortó al gobierno local “a no utilizar leyes penales para intimidar y amenazar a las organizaciones sociales y silenciar sus reclamaciones”.

El nuevo gobernador jujeño, Gerardo Morales, que integra la alianza Cambiemos que llevó al poder a Macri, libra una guerra contra esta polémica militante social cuya influencia creció en la última década a través de numerosas obras realizadas por su organización –como la construcción de viviendas, escuelas, centros de atención sanitaria o el manejo de planes sociales- financiadas por subsidios del Estado en el gobierno kirchnerista. Morales.

Ahora el ejecutivo nacional y la prensa tradicional acusan a Sala de serias irregularidades financieras para beneficio propio y de llevar adelante prácticas “clientelistas” como la afiliación a su organización como requisito para beneficiarse de sus obras. El diario La Nación llegó a calificarla como “una dirigente social combativa responsable de la construcción de un imperio clientelar sin precedente que, con el aval de los gobiernos de turno, confiscaba fondos de las cooperativas afiliadas a su agrupación y los repartía discrecionalmente entre amenazas y extorsiones”.

Sala -amada y odiada con la misma intensidad por sus defensores y detractores- niega las denuncias. Morales quiso obligarla a una reafiliación en el registro de cooperativas. Pero la dirigente social se negó a este reempadronamiento y denunció una “extorsión” para obligarla a levantar una protesta que lleva adelante desde el 16 de diciembre contra esta política oficial.

El gobierno entonces le quitó la personería jurídica a su agrupación y cerró sus cuentas bancarias. Además Morales la denunció por fraude y asociación ilícita ante la justicia, que ordenó desalojar la plaza Belgrano, frente a la sede del ejecutivo provincial, ocupada desde entonces por decenas de militantes liderados por Sala antes de su detención.

“Las organizaciones sociales recibían los cheques a su nombre. Sala las obligaba a que los endosen a nombre de una referente de su riñón (de su confianza). Esa persona era la que cobraba la plata y Sala hacía lo que quería sin rendir cuentas a nadie”, denunció Morales, quien dijo que “por ahora” no usará la fuerza para desalojar la protesta. El gobernador denunció además a la dirigente por “instigación a cometer delitos y tumulto”, que prevén una pena de entre dos a seis años de prisión.

Pero Sala y Amnistía Internacional no piensan lo mismo. Ella fue detenida el 16 de enero e inició una huelga de hambre. “En este momento la policía de Gerardo Morales me está deteniendo, esto es como en la dictadura”, fue su último mensaje en su cuenta de Twitter. La justicia le rechazó luego un hábeas corpus.

La entidad defensora de los derechos humanos dijo que a Sala se la acusa “de liderar la ocupación de lugares públicos, restringiendo la circulación de vehículos. De este modo, se la criminaliza a ella por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y a la protesta”.

La obra social de la activista

Tupac Amaru, fundada en el 2001, cuenta con más de 70.000 afiliados. Ha construido más de 8.000 viviendas sociales, varios comedores, diez escuelas, diez centros de salud y hasta talleres textiles y metalúrgicos que dan trabajo a los más humildes, en su mayoría indígenas. También cuenta con un centro polideportivo. La entidad es la cabeza de la Red de Organizaciones Sociales (ROS), que agrupa a cientos de cooperativas.

Según autoridades, la Tupac recibía 45 millones de pesos mensuales ($ 3,2 millones) para sus obras en la provincia. Morales cortó esos fondos para obligarla a reempadronarse en el registro de cooperativas y así gestionar a través de la gobernación ese flujo de dinero.

Pero Sala es defendida por otras organizaciones sociales respetadas en el mundo entero. “Quieren con esto que ha pasado (la detención de Sala) demostrar que tienen un poder que no tienen.  Hace un mes que estamos viviendo en el infierno”, dijo la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien calificó a Sala como “la primera presa política” del nuevo gobierno neoliberal.

El presidente Macri intentó desligarse. “Que quieran buscar una explicación política a estas ilegalidades (que atribuye a Sala) es como infantil”. Carlotto le respondió: “El pueblo votó y vamos a respetar la voluntad popular siempre y cuando el que preside nos respete y no nos está respetando, nos está insultando”, afirmó.

El exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, dijo que la detención de la militante social “es un mensaje para toda la sociedad. Guste o no, sea justo o no lo que está pidiendo (Sala), lo que se le dice a la sociedad es que si protesta lo voy a meter preso”. (I)

Cameron reitera que no negociará Las Malvinas

El presidente Mauricio Macri calificó de “linda reunión” el encuentro de 30 minutos que mantuvo ayer con el primer ministro británico, David Cameron, en su segundo día en la ciudad suiza de Davos, donde participa del Foro Económico Mundial.

En el encuentro participaron la canciller Susana Malcorra, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el diputado Sergio Massa.

En diálogo con la agencia Télam, Peña también calificó de “buena reunión” el encuentro. “Los dos tienen posturas diferentes sobre Malvinas, pero eso no va a impedir que se tenga una buena relación”, afirmó el jefe de Gabinete. Además, al ratificar lo dicho por Macri a medios europeos el martes pasado, Peña enfatizó: “Claramente, la idea es avanzar en una nueva etapa con el Reino Unido”.

Luego la Casa Rosada informó en un comunicado que Macri planteó dialogar “sobre todos los temas que están pendientes, incluido Malvinas, con nuestras diferencias y nosotros manteniendo nuestros reclamos.

Cameron invitó al presidente argentino a que visite Londres para asistir a un seminario que se realizará próximamente en la capital británica sobre transparencia en la gestión administrativa.

Del lado británico, a través de un comunicado se informó que en la reunión hubo acuerdo en que “existe la posibilidad de abrir un nuevo capítulo” entre ambos países. En cuanto al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, el gobierno de Cameron afirmó que “el primer ministro dejó claro que nuestra posición sigue siendo la misma y que en el reciente referéndum quedó claro que los habitantes de las islas quieren seguir siendo británicos”. (I)