A Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida todos la conocen como Taty.  A los 85 años, como militante histórica por la defensa de los derechos humanos en Argentina, está preocupada por un eventual triunfo del candidato presidencial de la alianza derechista Cambiemos, Mauricio Macri, en el balotaje del 22 de noviembre. Pero no tiene miedo.

“La palabra no es miedo. Si resistimos en la dictadura no nos va a asustar Macri. Lo que siento es preocupación”, dice a EL TELÉGRAFO Taty Almeida, una de las más reconocidas dirigentes de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una de las dos ramas en que se dividió en la década del 90 esta organización. La otra, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, es liderada por la combativa Hebe de Bonafini. Y explica: “Macri es el mismo que hace unos meses dijo que si asumía el gobierno se acababa el curro (robo) de los derechos humanos, ofendiendo a los 30.000 desaparecidos”.

Taty Almeida está preocupada por la posibilidad de que en un eventual gobierno de Macri se tiren abajo todas las políticas de derechos humanos llevadas a cabo durante los últimos 12 años por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner y que permitieron condenar a más de medio millar de represores y genocidas de la última dictadura militar (1976-83).

DATOS

En la última dictadura militar (1976-83) se practicó en Argentina una violación masiva y sistemática de derechos humanos fundamentales, a través del aparato organizado del poder, que actuó bajo la forma del terrorismo de Estado.

Los organismos de derechos humanos estiman que unas 30.000 personas fueron detenidas y desaparecidas por los servicios de seguridad, mientras que otras miles fueron secuestradas y torturadas en centros clandestinos.

La mayoría de las víctimas y sus familiares tiene acceso a una compensación estatal.

Este proceso comenzó en agosto de 2003, tras la asunción de Kirchner, con la derogación de las llamadas “leyes del perdón” (de Punto Final y Obediencia Debida) aprobadas a mediados de la década del 80 bajo presión militar en el gobierno de Raúl Alfonsín.  

La política “kirchnerista” en derechos humanos permitió reabrir los juicios que estaban paralizados más de 10 años. Hoy 503 represores fueron condenados y el exdictador Jorge Videla falleció en una prisión común, sentado en el inodoro de su celda, el 17 de mayo de 2013. Había sido indultado por Menem en 1990.

“Y si eso pasa, si Macri cambia esto, pues saldremos nuevamente ‘las locas de Plaza de Mayo’ a defender a nuestros hijos” desaparecidos, afirma.

El término “locas de Plaza de Mayo” alude a la forma despectiva con que fueron bautizadas estas mujeres por funcionarios de la dictadura cuando salieron a dar vueltas por la  Pirámide de Mayo, en  el histórico paseo frente a la Casa Rosada, para reclamar por la suerte de sus hijos en pleno régimen militar. La militancia de Almeida -docente de profesión- comenzó tras el secuestro y desaparición de su hijo, Alejandro.

Almeida no es la única preocupada. La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados impulsó una declaración que reafirma el compromiso del bloque, incluido los miembros de la alianza Cambiemos, en la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad “como política de Estado irrenunciable”. “Este documento tiene un valor simbólico, pero es importante”, resume Almeida.

En la reunión participaron, además de los integrantes de la comisión, varios referentes de organismos defensores de derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y funcionarios del gobierno.

Asistieron diputados del oficialista Frente por la Victoria, que postula a la presidencia a Daniel Scioli; del Frente Renovador peronista, de la centroizquierda, de la izquierda y de la Unión Cívica Radical (UCR), cuya ala conservadora integra la alianza Cambiemos. El partido de Macri (Propuesta Republicana/PRO) dio su acuerdo para realizar la convocatoria, pero su representante Soledad Martínez no asistió y envió a un asesor. “Esto sirve para que se saquen el antifaz y se muestren tal como son”, dice Almeida.

La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que la firma de este documento multipartidario es un “signo”, pero al mismo tiempo pidió el compromiso de “no violentar nuestro país haciendo caer normas de defensa de la integridad de cada habitante. Hacer posible la tranquilidad de que venga quien venga, no se va a tocar un centímetro de lo que ya se consiguió”.

La declaración fue finalmente firmada por un diputado del PRO, Federico Pinedo, titular de su bloque.  Pero el legislador oficialista Horacio Pietragalla advirtió que la firma de un diputado no alcanza.

“Necesitamos que el actor político que hoy está disputando la presidencia de la nación tome un compromiso serio con esto. Nuestras Madres y Abuelas hicieron un recorrido muy largo para poder ver a los asesinos de sus hijos en prisión. Hubo un cambio en el juzgamiento a los genocidas, pero creemos que no nos alcanza la firma de un diputado en una declaración, ya que sabemos que las que hablan son las acciones que ese espacio llevó adelante en los últimos años”, afirma Pietragalla.

En este sentido, el legislador mencionó acciones y políticas llevadas a cabo en la ciudad de Buenos Aires gobernada por Macri y por su fuerza en el Congreso, como la desfinanciación de antiguos centros clandestinos de detención ubicados en la capital y convertidos en espacio de memoria y la negativa del PRO de acompañar el proyecto que impide volver a amnistiar a represores ni la (reunión) Bicameral para investigar a los responsables civiles de las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura.

La declaración -que recibió el dictamen favorable de la Comisión de Derechos Humanos- debe ser aprobada por la Cámara baja. (I)