Las familias de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, periodistas asesinados hace veinte años en un pueblo del noroeste de Colombia, anunciaron en Bogotá que llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la prescripción de la acción penal en el país.

"En la investigación hubo irregularidades y no fue exhaustiva, por lo que recurriremos a instancias internacionales con el fin de encontrar la verdad", declaró el historiador Daniel Chaparro, uno de los hijos de Julio Daniel Chaparro.

El poeta y periodista Chaparro y el reportero gráfico Torres, vinculados con el diario bogotano El Espectador, fueron tiroteados el 24 de abril de 1991 en Segovia, población a la que habían viajado para investigar una matanza de medio centenar de vecinos cometida por paramilitares en noviembre de 1988.

El caso de este crimen masivo, por el que está procesado un antiguo congresista, era el quinto de una serie sobre crímenes masivos a la que Chaparro había dado el título de "Lo que la violencia se llevó".

El hijo de Chaparro rechazó que el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos que siguió la investigación no haya declarado el crimen como de "lesa humanidad", para que no prescribiera.

Varias organizaciones de periodistas del país y el exterior, como la colombiana Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), habían instado a que se impidiera que la acción penal sobre el doble crimen prescribiera.

Al cumplirse veinte años,, "el caso ha quedado impune", se lamentó el historiador Chaparro, quien explicó que el fiscal que lo seguía concluyó que el periodista Chaparro y el fotógrafo Torres "no fueron asesinados por razones de su oficio".

"Eso mancilla la memoria de los periodistas asesinados y hiere profundamente a los familiares", afirmó el hijo de Chaparro, y subrayó que también "es indignante para todo aquel que ejerza el periodismo en Colombia".

El historiador criticó que los investigadores no se hayan preocupado por indagar sobre los antecedentes periodísticos de ambos, sobre su objetivo en Segovia y sobre sus contactos previos al viaje, incluido uno en esta población.

Son interrogantes que el hijo de Chaparro y la esposa de Torres, Ruby Mora de Torres, se proponen, como portavoces de sus familias, que sean esclarecidos en el ámbito internacional.

"El fin de nosotros, como familia, es encontrar la verdad, cuya búsqueda no fue, infortunadamente, asegurada por la justicia colombiana", resaltó el historiador.

La posibilidad de la verdad fue cerrada por el fiscal del caso con su decisión de considerar el doble homicidio "un hecho aislado y lejano del ejercicio del periodismo", sostuvo Chaparro.