Ciudad de México.-

Autoridades del estado mexicano de Chihuahua buscan a un grupo de 80 jornaleros indígenas desaparecidos luego de que denunciaron que eran explotados laboralmente.

El 21 de mayo, los trabajadores agrícolas de la región Baborigame, una zona de Chihuahua en el municipio de Guadalupe y Calvo, en las oficinas locales del Ministerio del Trabajo reportaron los abusos de los que eran víctimas. Entre las irregularidades reportaron que sus patrones les cobraban prestaciones como la comida y el transporte con lo que perdían la mitad de su paga diaria de 180 pesos ($ 10).

Según las autoridades, se teme que, ante la denuncia, los jornaleros fueron llevados sin su consentimiento a otros campos, ya que quienes contratan a los trabajadores agrícolas temporales tienen la facilidad de trasladarlos en cuestión de horas de un lugar a otro.

El lunes, personal del área de Supervisión del Ministerio del Trabajo acudió al albergue municipal para jornaleros -donde se alojan los trabajadores temporales- para investigar la denuncia, pero los demandantes ya no estaban en el lugar.

José Domínguez, responsable de Supervisión, señaló a medios de comunicación que quien los contrató pudo haber sido puesto sobre aviso y decidió llevárselos para que no dieran más detalles en las condiciones que trabajaban.

Seguir la pista del “enganchador” (como se llama a la persona que recluta a los jornaleros) también es difícil, admitió la autoridad, porque se desconocen los nombres reales.

Hasta ahora se conoce que el grupo de desaparecidos trabajaba en la recolección de cebolla en un rancho cercano a la carretera que conduce al poblado llamado Camargo.

De acuerdo con la información, los trabajadores indígenas desaparecieron el día que presentaron la denuncia, pero hasta el lunes nadie los reportó formalmente como desaparecidos.

El albergue en el que fueron vistos por última vez los jornaleros se ubica en una de las zonas más azotadas por la violencia en Chihuahua, porque es territorio en el que el crimen organizado tiene alta presencia. Además, según el diario Reforma, el municipio Guadalupe y Calvo, donde se halla el albergue, es uno de los más pobres del país, compuesto, la mayoría, por población indígena.

En México, el de los jornaleros es uno de los grupos más vulnerables. El 80% carece de contrato y seguridad social, según información del Senado.

El caso genera particular atención porque la situación de impunidad de las miles de desapariciones forzadas en México es alarmante, denunciaron activistas de derechos humanos.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, señaló que actualmente 30.942 personas están desaparecidas, de quienes 23.032 son hombres y 7.910 son mujeres.

Sin embargo, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa diferentes asociaciones civiles, destacó que esta cifra “no representa la gravedad de las desapariciones en México”, alertaron que en el país pueden existir más de 300.000 desapariciones forzadas.

Uno de los casos emblemáticos es el de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 después de ser atacados por la policía local en Iguala. Aún se desconoce el paradero de los jóvenes. (I)

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Nuevo grupo de autodefensas se crea en Guerrero

Cientos de civiles tomaron las armas en la zona minera del Estado de Guerrero, en el sur de México, para enfrentar la violencia, los secuestros y las extorsiones de grupos del crimen organizado.

Al menos 10 poblados del municipio de Eduardo Neri, a 30 kilómetros de Chilpancingo, la capital estatal, quieren poner fin a las organizaciones que operan en Mezcala, la zona minera más importante de la región.

“Ya estamos cansados de tanto secuestro y tanta extorsión; pedimos apoyo al gobierno, pero no nos escucha”, dijo uno de los integrantes del grupo de autodefensa.

La nueva organización vigilará las minas  Los Filos y el Bermejal, de la empresa Goldcorp. También custodiará los sitios del Guaje y el Limón de la minera Media Luna. Ambas compañías son canadienses y las más importantes en el estado en la explotación de oro.

Los pobladores de Mezcala y la nueva autodefensa bloquearon el domingo pasado la carretera que conecta la capital del país con la ciudad de Acapulco, para exigir al gobierno seguridad en sus localidades.

“En Carrizalillo nos quitan el 10% de la renta anual que nos paga la minera (Goldcorp) y si no se la damos, nos matan; muchos ya se han ido de la comunidad”, declaró un propietario, que anualmente recibe cerca de un millón de pesos (alrededor de $ 50.000) por la renta de sus tierras.

Los grupos criminales los Guerreros Unidos y Los Rojos se disputan a sangre y fuego el control de esta zona de Guerrero.

La región es clave para llegar a la sierra, donde se cultiva la mayoría de amapola de la que se extrae la heroína. (I)