563 condenados por crímenes de lesa humanidad

Fueron condenadas 563 personas y cerca de 900 han sido imputadas por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura argentina (1976-83), se informó ayer a poco de cumplirse 39 años del golpe militar.

Desde 2006 y en lo que va de este año, 613 personas fueron sentenciadas en procesos por crímenes de lesa humanidad: 563 resultaron culpables y 50 absueltas, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

La dictadura pretendió sellar su impunidad con el dictado de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero estas fueron anuladas en 2003 bajo el gobierno del fallecido Néstor Kirchner y tres años después declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.

Según el último informe, más de la mitad de los condenados están detenidos en cárceles comunes y un 40% permanece en prisión domiciliaria. El total de prófugos es de 45 y dos de ellos se evadieron después de ser condenados.     

Las víctimas judicializadas en el país son más de 10.000, según el informe.
Un total de 889 procesados espera su condena. Las cifras son resultado del balance actualizado de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que coordina Carolina Varsky y se difunden con motivo de cumplirse el próximo martes un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976.

“No hay datos de las víctimas sobrevivientes y familiares que murieron sin que se hiciera justicia”, señaló Varsky en declaraciones a Fiscales.com.

Los fiscales del país que participan en los juicios manifestaron su preocupación por las recientes sentencias adversas al avance de los procesos contra sectores civiles -empresarios y judiciales- vinculados a los crímenes de lesa humanidad.

A propósito, la semana pasada, la Procuraduría encabezó una reunión de fiscales que resolvieron convocar a querellantes y organizaciones de derechos humanos para buscar respuesta a las demandas en distintos puntos del país.

Tras el golpe de Estado cívico-militar de 1976 se desataron redadas masivas contra dirigentes políticos y sociales con la excusa del combate a grupos armados que ya habían sido prácticamente diezmados antes del quiebre constitucional.

Según organismos de derechos humanos, durante el régimen militar unas 30.000 personas desaparecieron y 500 niños fueron robados a sus madres que nacieron en cautiverio.