Cincuenta y cuatro países colaboraron con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) estableciendo prisiones secretas en su territorio tras los atentados del 11-S, señaló ayer la organización de derechos humanos Open Society Justice Initiative (OSJI) que aprovechó para pedir una mayor responsabilidad a los gobiernos implicados.

La OSJI indicó que las formas de asistencia abarcaron desde albergar prisiones de la CIA, interrogar sospechosos, abrir el espacio aéreo para vuelos secretos o la cooperación en servicios de inteligencia. “No hay duda” de que la administración del entonces presidente George W. Bush autorizó violaciones de derechos humanos, remarca.

Muchos de los casos implicaron a países que han luchado contra grupos islamistas, tales como Afganistán, Egipto, Pakistán o Arabia Saudita, donde existieron cárceles secretas.

Además, señala a aliados cercanos como Australia, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, España, Suecia, Turquía o Tailandia.

“Al llevar a cabo torturas y otros abusos relacionados con las detenciones secretas y ejecuciones extrajudiciales, (Estados Unidos) disminuye su autoridad moral y mina el apoyo a los esfuerzos contra el terrorismo que realiza en todo el mundo”, apunta el documento.