Tanto el gobierno colombiano como los diplomáticos de Estados Unidos guardan silencio sobre un informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que revela los abusos sexuales a los que fueron sometidas 53 niñas por parte de militares estadounidenses que estuvieron radicados en bases militares como parte del Plan Colombia.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, indicó a EL TELÉGRAFO que solicitó a la Cancillería  colombiana y al Ministerio de Defensa, que pidan un informe sobre el avance de las investigaciones relacionadas con los presuntos abusos de los militares y contratistas norteamericanos en Colombia.

Aunque aún no hay resultados de sus peticiones, Otálora recordó que “existen mecanismos para garantizar justicia y evitar la impunidad, independientemente de la inmunidad diplomática que asista a los presuntos responsables”.

El informe que parte de una investigación realizada por Renán Vega Cantor, profesor titular del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, contiene casi 1.000 páginas. En el capítulo denominado ‘Imperialismo Sexual’ se señala que hay información sobre la violencia sexual, que permanece “en total impunidad gracias a los acuerdos bilaterales y a la inmunidad diplomática de los funcionarios de Estados Unidos. Se destaca que estos delitos también se han registrado en otros países donde se encuentran militares estadounidenses como en Filipinas, Japón o Corea del Sur.

El documento hace referencia a los casos que se registraron en la población del departamento del Tolima, Melgar, donde funciona una base militar colombiana denominada Tolemaida, ubicada a 85 kilómetros de Bogotá, y que es utilizada para operaciones contra guerrilla. También menciona al municipio de Girardot, un puerto situado sobre el río Magdalena, distante de Melgar a 15 kilómetros.

El informe indica, sin dar más detalles, que “en uno de los casos más sonados, en Melgar y en la vecina Girardot, 53 menores de edad fueron sido abusadas sexualmente por mercenarios, quienes además filmaron y vendieron las cintas como material pornográfico”.

La investigación, que fue puesta a conocimiento de la ‘Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas’, específica que “en Melgar, un contratista y un sargento de Estados Unidos violaron a una niña de 12 años en el 2007”.

La publicación, que no ha sido rechazada por las autoridades colombianas ni estadounidenses, sostiene que más allá de los ataques sexuales directos de mercenarios, son frecuentes las violaciones y agresiones sexuales por parte del ejército colombiano, como se refleja en una entrevista a un oficial de inteligencia de marina, quien afirma con tono triunfalista: ‘Yo infiltré a una pelada (en la guerrilla) con un GPS así de grande (apuntando al mouse de un computador) en su vagina’. Otros casos graves que involucran a soldados y mercenarios, incluyen homicidios, narcotráfico y venta de armamento a paramilitares.

Unidad del ejército abrirá indagación

De lo que se conoce hasta ahora, Vega presentó las acusaciones contra los militares norteamericanos en los diálogos de La Habana, y que el portavoz de la unidad criminal del Ejército de Estados Unidos, Chris Grey, anunció que su país abrirá una investigación por abusos sexuales de militares en Colombia.

En 2009, el diario El Turbión había denunciado 23 casos de abuso sexual perpetrados por militares estadounidenses en 2006 y 14 más el año siguiente. Según los datos oficiales de la Unidad de Víctimas de Colombia recogidos por el portal Colombia Reports, en total 7.234 mujeres habrían sido víctimas de delitos sexuales durante lo que lleva el conflicto armado en el país.

Un informe del reportero John Bresnahan, de la revista Politic, dio a conocer en agosto de 2014 que un informe del Departamento de Estado, señalaba que agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration), la agencia antinarcóticos de EE.UU. habrían participado en orgías con trabajadoras sexuales en Cartagena, mientras estaban destinados en Colombia, dejando sus armas al cargo de policías colombianos.

Aunque algunos de los agentes de la DEA que participaron en estas fiestas lo han negado, la información en el expediente del caso sugiere que los agentes sabían “que las prostitutas que asistían habían sido pagadas con fondos del cártel”.

Además, el informe apunta que algunos de los agentes habrían recibido de los narcotraficantes “dinero, regalos caros y armas”.

Bresnahan explica que las ‘asombrosas revelaciones’ forman parte de “una investigación abierta tras las denuncias recibidas por supuestos abusos sexuales y malas prácticas cometidos dentro de la DEA, el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos y el Servicio de los US Marshalls. (I)

Uribe concedió 7 bases militares a Estados Unidos

El informe sostiene que “el régimen de Álvaro Uribe Vélez alcanza los mayores niveles de sumisión respecto a Estados Unidos, como se evidencia con el Plan Colombia.

Cuando el presidente ecuatoriano Rafael Correa se negó a renovar el permiso a Estados Unidos para utilizar la base de Manta, Uribe Vélez les concede 7 bases militares, mediante un ‘acuerdo’ del 30 de octubre de 2009: Palanquero, Apiay, Malambo, Cartagena, Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga.

Además, se permite acceso al espacio marítimo y aéreo a embarcaciones y aviones de Estados Unidos; se les exime del pago de impuestos y derechos de aduana; se le concede impunidad absoluta al personal estadounidense –aún ante crímenes cometidos por fuera del servicio– y deja abierto el acuerdo para que los Estados Unidos realicen las actividades que estimen convenientes. Según un documento del Departamento de Defensa de ese país, “Palanquero garantiza la oportunidad de conducir operaciones dentro de un espectro completo por toda América de Sur (…) subregión crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y la estabilidad están bajo amenaza constante”.

Es tal su importancia que en el presupuesto anual de Estados Unidos del 2010 se asignan $ 50 millones para modernizar y adecuar a Palanquero de acuerdo a las operaciones del Ejército imperial. Aunque constitucionalmente se haya negado el acuerdo del 2009, en la práctica la presencia de tropas y mercenarios de los Estados Unidos se extiende por todo el territorio nacional, más allá incluso que los lugares dispuestos para las siete bases del mencionado acuerdo. (I)