Trescientas mil personas de las centrales obreras de Argentina se plantaron el martes contra las políticas económicas del presidente  Mauricio Macri, que han generado la pérdida de 400.000 empleos.

A fines de febrero, los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazaron los ajustes impulsados por el gobierno neolineral. La inflación que en 2016 superó el 40%, “tarifazos” en los servicios básicos (luz y agua) y una política de apertura a las importaciones fueron varias de las medidas que propinaron un golpe al corazón de varias industrias, como la textil y tecnológica.

Ante esto, los sindicatos convocaron a una huelga nacional a inicios de abril. La medida se enmarca en una compleja situación social y económica que se agravó en los últimos meses en el marco de despidos en los sectores público y privado (CGT estima que se perdieron 400.000 empleos y el gobierno admite solo 120.000).

En el ámbito de la comunicación, 1.499 periodistas fueron despedidos en 2016.

Los docentes piden paritarias

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) también suspendió sus actividades y realizó manifestaciones en la capital el lunes y martes pasado, pese a las amenazas del gobierno de reemplazar a los maestros por profesores voluntarios.  

Ante la medida de los educadores, otros sindicatos de salud y del sector público y privado decidieron unirse a la jornada del martes, en Buenos Aires, a la que se adhirieron más de 1.000 personalidades de renombre de la cultura, el periodismo y el mundo científico, quienes también firmaron un documento explicando que marchan por la preocupante situación de deterioro económico.

Respecto a los educadores, el año pasado, el gobierno estableció una cláusula que automáticamente subía el 20% sobre el salario mínimo, vital y móvil a los maestros.

La misma no establece que la paritaria nacional -comisiones integradas en números iguales por representantes de trabajadores y de empresarios- no debe ser convocada.

Los docentes no aceptaron la propuesta. Para tratar de salvar el comienzo de clases, el gobierno propuso aumentos de sueldo “sin piso ni techo”. O sea, que los sueldos acompañen los índices de inflación que publica el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).  

Carlos Acuña, integrante de la cúpula de la central obrera, justificó que el año pasado los gremios aceptaron alzas salariales de entre 25% y 30% a partir de una previsión oficial de la inflación de 24% que finalmente fue de más de  40%.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) rechazó la nueva propuesta, calificándola de “desprolija y sin detalles”, ya que la normativa dejaba desprotegidos a cinco gremios de representación nacional.

Esta fue la segunda movilización masiva de la CGT y las dos secciones de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) desde que asumió Macri en diciembre de 2015, luego de la primera en mayo de 2016.

Hasta ahora la CGT se mostraba conciliatoria con el gobierno, pero otros sindicatos reclaman hace tiempo una huelga nacional contra el modelo económico y laboral del presidente Macri.

La economía agudizada por el desempleo y tarifazo

Alfonso Prat Gay, ministro de Hacienda y Finanzas, publicó en 2016 el programa económico con la explicación de que se implementarían recortes en el gasto público (despidos y quita de subsidios) y metas de inflación, en pos de una normalización macroeconómica que tiene un objetivo central: “pobreza cero”.

No obstante, la inflación consumió en apenas un trimestre la mitad de la meta anual y alcanzó el 35%. En cifras, en el primer bimestre de 2016 se registraron 107.000 despidos en los sectores público y privado, y 200.000 en agosto del mismo año.

Según el cálculo del Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), las medidas generaron 1,4 millones de nuevos pobres, de los cuales 350.000 cayeron en la indigencia.

De acuerdo con el diario Página 12, en términos porcentuales, entre 2011 y 2015 la tasa de personas pobres se elevó el 17,4%. Con Macri, en cambio, en su primer trimestre la pobreza subió el 18,9%.

Asimismo, la agencia de noticias AFP publicó que la desocupación roza el 10% con miles de despedidos por el cierre de fábricas y la pobreza alcanza a uno de cada tres argentinos.

A esto se le suma un “tarifazo” de hasta el 700% en las planillas de luz y de gas, que fueron frenadas por medidas cautelares y rebajadas a 400%. Macri también desmontó a través de un decreto de necesidad y urgencia la llamada ley de medios, que obligaba al Grupo Clarín a desinvertir.

Sin embargo, el ejecutivo se defiende y asegura que no se registra una situación de despidos masivos, sino que la tasa de empleo se mantiene estable y sin creación de nuevos puestos de trabajo hace cinco años. Además, prevé un proceso de creación de empleo y un descenso de la inflación para el segundo semestre de este año.

En la protesta del martes tuvo protagonismo el proyecto de ley aprobado, el pasado miércoles, por el Senado e impulsado por la oposición para frenar los despidos durante seis meses y con el que el gobierno no está de acuerdo. (I)

DATOS

La Confederación General del Trabajo (CGT) busca torcer el brazo del gobierno que trata de encorsetar los ajustes salariales a la pauta inflacionaria de este año, fijada en 17%.

Los sindicatos reclaman el 30% para recuperar parte del poder adquisitivo perdido en 2016, cuando se pautaron ajustes salariales en torno a 24% y la inflación llegó a 40%.

Los docentes de las instituciones públicas de primaria y secundaria vieron mermado su poder adquisitivo en un 9,9% durante 2016, según el Centro de Estudios de Política. (I)