La pobreza y la desigualdad son una de las tareas pendientes en América Latina. Sin embargo, se ha logrado avances. De acuerdo con cifras del PNUD de Naciones Unidas, entre 2003 y 2013, 72 millones de personas dejaron de ser pobres, de un total de 620 millones.

En el continente, ser pobre significa vivir con entre $ 2,5 y $ 4 al día. Y los países con mayores avances en ese sentido han sido Perú, Bolivia y Ecuador. Sin embargo, en Chile, nación a la que se le atribuye un importante desarrollo económico, el número de pobres ha disminuido de manera considerable desde el retorno a la democracia en 1990, pero hay tareas pendientes en cuanto a la desigualdad.

Según la Encuesta Casen (Caracterización Socioeconómica Nacional), que lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo Social para medir la pobreza con el objetivo de focalizar y distribuir el gasto fiscal de los programas sociales del Gobierno, el porcentaje de pobres pasó de 14,4% en 2013 a 11,7% en 2015.

Es decir, en la actualidad prácticamente solo uno de cada 10 chilenos vive en pobreza.

En otras palabras, 400.000 chilenos dejaron la penuria en este período. A su vez, en los últimos dos años, la pobreza extrema pasó de 4,5% a 3,5%.

En 2006, año en que asumió el gobierno la presidenta Michelle Bachelet (primer período), la pobreza en Chile alcanzaba al 29,1% de la población, mientras que en 2011 -cuando Sebastián Piñera llevaba su primer año en La Moneda- el porcentaje bajó a 22,2%.

“Hemos podido disminuir de 14,4 a 11,7% la pobreza en el país”, afirmó Bachelet, aludiendo al difícil escenario económico por la desaceleración global y agregó: “Esto es muy importante porque fuimos capaces de triunfar en un contexto internacional complejo, con precios del cobre muy bajos”.

En cuanto a la desigualdad, la Encuesta Casen reveló que “Chile presenta altas y persistentes tasas de desigualdad de ingresos”. Sin embargo, los datos de Casen 2015 muestran una disminución moderada y estadísticamente significativa de la desigualdad en la distribución del ingreso.  

En ese sentido, los indicadores de la distribución del ingreso de los hogares, expresados en el Coeficiente Gini, muestran una variación en la desigualdad del ingreso autónomo desde 0,504 de la Casen 2013, a 0,495 hoy. A su vez, en el ingreso monetario, el coeficiente bajó de 0,491 a 0,482 los últimos dos años. Es decir, casi no hubo variación.

La entrega de la Encuesta Casen se dio en medio de una controversia porque el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, atribuyó la disminución de la pobreza a las reformas estructurales implementadas por la mandataria Bachelet.   

El problema fue que la medición se llevó a cabo entre noviembre de 2015 y enero de 2016, es decir, en una época en que aún no es factible medir el efecto de reformas, como la tributaria o educacional. “Lo importante es que 400.000 habitantes del país dejaron la pobreza”, afirmó Bachelet al abordar las palabras de su ministro.

Pero también esto dio munición para críticas de la oposición. El opositor partido Amplitud valoró la disminución de la pobreza, pero dijo que le habría gustado tener “una comparación histórica”.

También hubo reacciones desde el campo social. Techo Chile, una Organización no gubernamental (ONG) que ha construido miles de viviendas de emergencia tras los desastres naturales que ha sufrido el país, advirtió que faltan políticas de Estado para erradicar los campamentos, donde aún muchos viven en la más extrema pobreza.

La medición incluyó cuatro dimensiones (empleo, salud, trabajo y vivienda), así como la dimensión de entorno y redes, que se distribuyó de manera adecuada desde el punto de vista metodológico. (I)

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El asesinato se efectúo en 1973  

Torturadores del padre de Bachelet son condenados

En octubre de 2011, Ángela Jeria, madre de la presidenta Michelle Bachelet, acudió a los tribunales de justicia para presentar una querella por la muerte de su esposo, el general Alberto Bachelet. El exoficial de la Fuerza Aérea de Chile fue torturado y asesinado tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 por razones ideológicas. La justicia entonces reabrió un caso que había sido sobreseído el 9 de abril de 1974, apenas un mes después de su muerte.

En un fallo de la Corte Suprema conocido la tarde del miércoles, el más alto tribunal de justicia del país decidió rechazar un recurso de casación presentado por dos excoroneles de la FACH, que los obliga a cumplir una pena efectiva de cárcel. Es decir, los excoroneles Ramón Cáceres Jorquera y Édgar Ceballos Jones, cumplirán 4 años de prisión efectiva. Ambos fueron condenados a fines de 2014.

La defensa de los victimarios de Alberto Bachelet alegaba “cosa juzgada”, pero la Suprema resolvió lo contrario. Así se pone fin a un caso sobre torturas y muerte del padre de la actual mandataria socialista hace ya 42 años. Las pesquisas de la investigación tras el suceso ocurrido en 1974 duraron apenas 28 días, por lo que el abogado de la familia de Bachelet apuntó: “¿Se puede creer que hubo una investigación profunda a una causa que se inicia por la muerte de una persona, que empieza  el 12 de marzo de 1974 y se dicta el sobreseimiento definitivo el 9 de abril de 1974?”, se preguntó el abogado Isidro Solís en la comparecencia.

Tras el golpe, Alberto Bachelet fue imputado por supuestamente haber entregado información reservada a civiles y tener contactos con políticos de izquierda. La muerte del padre de la actual Presidenta es uno de los hechos más oscuros de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990. (I)