No fue un acto muy masivo, pero sí bastante simbólico. Este lunes, mientras caía la tarde en Santiago, unas 4.000 personas junto a un grupo de congresistas se congregaron en la Plaza de la Constitución, justo al frente de La Moneda, para exigir una Asamblea Constituyente (AC), uno de los temas más controvertidos de la política chilena. Pero la estrategia no es presionar para su implementación inmediata, sino que la idea es que sean los chilenos los que definan el método para cambiar la Constitución, entre los que se incluye la convocatoria a una AC.

La manifestación, que sus convocantes denominaron como “plebiscito ciudadano”, tuvo como eje central el siguiente mensaje: “¿Qué mecanismo quieren los chilenos para cambiar la Carta Magna?”. Aunque en su momento los distintos gobiernos de la Concertación realizaron una serie de modificaciones, especialmente durante la gestión de Ricardo Lagos, la Constitución chilena es una herencia del régimen de Augusto Pinochet.

En los últimos meses la llamada “bancada AC” del Congreso ha estado elaborando un proyecto de ley que presentará en los próximos días y que tiene como objetivo agregar un capítulo a la actual Constitución para que la presidenta Michelle Bachelet pueda convocar a un plebiscito ciudadano que determine el método para cambiar la Carta Magna. Además de la Asamblea Constituyente, otra de las alternativas son una comisión de expertos y una comisión bicameral del Legislativo.

Esta propuesta refleja un cambio de estrategia de la bancada AC, de la que forman parte 24 congresistas de varios partidos políticos, que en su momento querían a como dé lugar una Asamblea Constituyente, mientras que otro sector sostiene que esto debe surgir desde el Congreso. El problema es que desde enero hasta la fecha, Chile se ha visto sacudido por una serie de escándalos de corrupción que involucran a varios legisladores, por lo que algunos sostienen que el Parlamento carece de la legitimidad suficiente para convocar a una Asamblea Constituyente.

Por eso la idea es que sea la Presidenta Bachelet quien pueda convocar a una consulta ciudadana, con el objetivo de que sean los chilenos quienes se pronuncien por la manera en que se desea cambiar la Constitución. Actualmente, la Carta Magna sólo estipula la posibilidad de que un mandatario convoque a una consulta ciudadana en casos excepcionales.

El desprestigio de la clase política aumentó aún más tras el escándalo que protagonizó Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet, que debió renunciar a su cargo de asesor sociocultural de La Moneda después de que se revelara una compra de terrenos aparentemente irregular, en medio de acusaciones de tráfico de influencias.

Este caso ha generado un profundo impacto entre los chilenos, al punto que la popularidad de la mandataria cayó a 30%, el porcentaje más bajo en su primer año de gestión. Además, esto ha hecho que la agenda de las reformas de 2014 (cambios tributarios y de educación) haya quedado relegada por los escándalos de corrupción, protagonizados por un importante conglomerado económico (Grupo Penta) y parlamentarios de oposición.

De todos modos, hay varias aristas de otros casos que han golpeado a figuras del oficialismo. Por eso, hace algunos días la presidenta Bachelet anunció una comisión asesora que ayude a formular propuestas sobre transparencia.

Este comité no tuvo el impacto que esperaba la alianza oficialista Nueva Mayoría, que evidencia crecientes rupturas y el descrédito de las instituciones.

Es en medio de este ambiente que ha vuelto a surgir la idea de la Asamblea Constituyente, instancia que hasta ahora no reúne el consenso de la mayoría. Pero sí convoca a parlamentarios y distintas figuras políticas, como el excandidato presidencial Marco Henríquez –Ominami; los exdirigentes estudiantiles y actuales diputados, Camila Vallejo, Carol Kariola y Giorgio Jackson; la diputada socialista Maya Fernández (nieta de Salvador Allende), además del presidente de la Asociación de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente y el vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez.

A juicio del analista político Patricio Navia, “sin entender que sus acciones y omisiones han erosionado su autoridad moral como paladín de la probidad, la Presidenta Michelle Bachelet impulsa una acelerada, pero insuficiente, agenda para combatir la corrupción. Pero en tanto no despeje dudas sobre el escándalo que involucra a su hijo y ni envíe señales claras de la necesidad de colaborar con la Fiscalía al Servicio de Impuestos Internos (SII), esos esfuerzos se perderán en un mar de sospechas sobre de qué lado está Bachelet en la lucha contra la corrupción y la captura del Estado”.

DATOS

La Constitución chilena actual data de 1980, impuesta en plena dictadura militar por Pinochet (1973-1990), y sufrió sólo algunas modificaciones durante el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006).

Expresidente Ricardo Lagos lanzó el portal “Tu Constitución“ que recoge ideas de la ciudadanía para una nueva Constitución. El sitio web adjunta un glosario con los conceptos básicos de esta temática.