La desaparición cotidiana de sus seres queridos, bien por el conflicto armado que soporta el país hace 50 años, por la delincuencia organizada o por voluntad propia, se ha convertido en una verdadera pesadilla para miles de familias colombianas.

Sólo el año pasado, se reportó la desaparición de 6.087 colombianos, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Desde 1938, cuando empezó a llevarse esa estadística, se han denunciado 95.823 casos, y de esa cifra han sido halladas vivas 22.103 personas, y muertas, otras 3.807.

Eso significa que hasta el momento, 69.913 familias no tienen noticias de las personas que reportaron como desaparecidas.

Según Carlos Valdés, director de Medicina Legal, organismo oficial adonde llegan los cuerpos de las víctimas, al menos 35.000 de las desapariciones están relacionadas con el conflicto armado.

Es por este grave hecho que el esclarecimiento de las desapariciones será fundamental en el posconflicto, luego de finalizadas las negociaciones de paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, organismo estatal creado en el año 2000, al presentar el ‘Protocolo interinstitucional para la entrega digna de cadáveres de personas desaparecidas’,se trata de humanizar la entrega de los cuerpos a las familias.

Las entregas

Según Yanette Bautista, presidenta de la fundación que lleva el nombre de Nydia Erika Bautista, su hermana desaparecida, “hasta ahora se producían entregas masivas de nuestros familiares y no nos explicaban en detalle cómo les habían encontrado o qué pruebas se les habían efectuado para comprobar su identidad”.

A partir de ahora, se buscará que estas entregas sean individuales y estén acompañadas de más información y apoyo "psicosocial" personalizado, por lo que se dará formación adicional a los funcionarios encargados de este cometido.

No en vano, por las desapariciones que continuamente se producen en Colombia, el diciembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en las 11 desapariciones del Palacio de Justicia ocurridas entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.

El Estado colombiano esperaba esta condena luego de la última audiencia pública en la que reconoció su responsabilidad por omisión y acción en torturas, y en otros casos. La estrategia consistía en buscar una condena menos dura.

En ese momento, reconoció su responsabilidad en las torturas y violación del debido proceso de las que fueron víctimas los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson Ospino. Ellos fueron señalados como guerrilleros y llevados ilegalmente a instalaciones militares, donde fueron agredidos física y verbalmente.

Las responsabilidades

De acuerdo con la sentencia, “el Estado reconoce su responsabilidad internacional, por acción, por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal en relación con lo ocurrido a la señora Irma Franco Pineda y al señor Carlos Augusto Rodríguez”.

Sin embargo Colombia insistió en esa misma audiencia ante la Corte en que existen "dudas razonables" de si existió o no delito y responsabilidad del Estado en el caso de las otras nueve personas en el proceso.

Por el caso del Palacio de Justicia están condenados el coronel Alfonso Plazas Vega, a 30 años de prisión, y el general Jesús Armando Arias Cabrales, quien recientemente fue sentenciado a 35 años de cárcel.

De otro lado, hace pocos días se conoció otro informe por parte de la Unidad de Exhumaciones de la Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación. En la misma se mencionó que en los últimos 7 años han sido recuperados 5.712 cuerpos en 30 departamentos de Colombia.

Los paramilitares

Estos resultados se desprenden de los testimonios de paramilitares que se desmovilizaron y se postularon a la ley de Justicia y Paz, y en los que cuentan dónde están las fosas en las que dejaron los cuerpos de sus víctimas, las denuncias de familiares de desaparecidos e informes de prensa.

Desde agosto del 2007, cuando se creó esta área que busca los cuerpos de desaparecidos en el marco del conflicto, los exhuma y los entrega a sus familias, se han hallado 4.454 fosas, muchas de ellas en las regiones más apartadas.

En distintas ceremonias donde se respeta la condición religiosa o creencia de la víctima, la Fiscalía ha entregado físicamente 2.728 cuerpos. En esas diligencias acaba la incertidumbre de años, incluso de décadas, sobre el paradero de hijos, esposos, padres. En cofres de madera, adornados por flores y acompañados con una fotografía de la víctima, los parientes reciben los huesos de sus seres queridos.

Mientras tanto, otros 2.131 cadáveres permanecen en laboratorios en condición de no identificados, y 709 cuerpos ya tienen una posible identidad, pero siguen a la espera de que se realicen más exámenes para confirmar con toda certeza su nombre.

Las regiones golpeadas

La mayoría de tumbas o fosas han sido encontradas en Antioquia, en donde la Unidad de exhumaciones  ha conseguido sacar 959 cuerpos de 744 fosas. Le siguen Magdalena, con 651 cuerpos; Meta, con 476; Putumayo, con 472; y Córdoba, con 392.

Las ceremonias no siempre terminan con la entrega de restos. La Unidad ha participado de 14 entregas simbólicas en las que no hay cuerpos. Esas diligencias, según el coordinador de la Unidad de Exhumaciones, Álvaro Polo, se hacen cuando “se determina que es imposible para las autoridades estimar el paradero de las víctimas, ya sea porque el cuerpo fue quemado o fue lanzado por su victimario a un río”.

“Esta es una posibilidad muy compleja, porque tiene que existir total certeza de que la persona murió, se desapareció y no se va a poder recuperar. También es un proceso en el que deben estar totalmente de acuerdo los familiares”, explicó Polo.

En medio del reto de encontrar a los más de 35.000 desaparecidos forzados que, se estima, ha dejado la violencia en el país, la cifra de cuerpos exhumados no ha crecido en enormes proporciones en los últimos años.

Según el director de Exhumaciones Álvaro Polo “la Unidad trabaja con la capacidad que tiene”, pues esta área está integrada por 43 funcionarios de la Fiscalía que se apoyan en 25 integrantes de la Policía Judicial y 25 técnicos. Polo también asegura que en la medida en la que haya nuevas confesiones por parte de los postulados, el número de cuerpos recuperados crecerá. Hasta ahora los desmovilizados han confesado más de 4.000 hechos relacionados con desapariciones forzadas.

Mientras tanto, la violencia en ciertas regiones del país se ha vuelto una talanquera para los investigadores. Decenas de diligencias de exhumación deben ser suspendidas en regiones como Cauca, Nariño, Caquetá o Putumayo. A estas regiones, según Álvaro Polo, se ha dificultado el ingreso de los integrantes de la Fiscalía para buscar a los desaparecidos por la presencia de grupos armados.