22 policías detenidos por el caso Guerrero

La zona está rodeada de un camino de piedras y montañas tupidas. Un helicóptero de la Secretaría de la Marina sobrevuela el lugar y se impide el acceso a los medios de comunicación. La situación se maneja así, al menos hasta identificar los 9 cuerpos encontrados en las 3 fosas en el estado de Guerrero, México. Específicamente las fosas fueron localizada en la colonia de Pueblo Viejo, a unos 15 kilómetros donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre, que ocasionaron la muerte de 6 personas, de ellos 3 estudiantes, 14 heridos y la desaparición de 43 alumnos normalistas.

Según el periódico La Jornada, de ese país, la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero realiza trabajos periciales en la fosa clandestina. Al parecer los cuerpos estaban calcinados.

“Fuentes del gobierno estatal confirmaron el hallazgo y aseguraron que se realizan diversos operativos en las colonias Jardines del Sol, Grajeles, Pueblo Viejo y Las Parotas de la ciudad de Iguala, Guerrero”, escribió el periódico.

El descubrimiento da esperanzas a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre tras ‘un operativo policial’ y un cruce de balas en Iguala, Guerrero.  Nada se sabe de los muchachos desde entonces. Los jóvenes baleados son hijos de campesinos y trabajadores en uno de los estados más pobres de México. Son futuros maestros que estudian en la Normal Rural de Ayotzinapa, reconocida por su activismo y rechazo a la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto.

Al menos 22 policías fueron detenidos acusados de disparar contra los normalistas en Iguala. Ya transcurrieron 8 días, sin precisiones sobre lo ocurrido, lentamente los testimonios van aclarando un poco el panorama, sobre todo con investigaciones de la organización no gubernamental Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. El viernes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, pidió al Gobierno mexicano que “implemente las medidas necesarias para localizar a los normalistas y proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal”.

Según datos de los medios mexicanos se conoce que los 43 estudiantes habrían sido privados de su libertad por policías locales e integrantes de los carteles Los Rojos y Guerreros Unidos, 2 células del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.