Un terremoto ciudadano vivió Guatemala en al menos 16, de sus 22 departamentos, para demandar la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien hoy sigue aferrado al poder, pero con muy poca capacidad para gobernar.

"A mí me hablaron del 20 de octubre de 1944. A mis hijos les hablarán del 27 de agosto de 2015: Revolución", fue el mensaje que llevó estampado en un cartel uno de los manifestantes en la Plaza de la Constitución, donde primaron los colores azul y blanco, los de la bandera.

"Yo no tengo presidente" y "Fuera Otto", gritaron los indignados en medio del ensordecedor ruido generado por los silbatos, cornetas y tambores frente al Palacio Nacional de la Cultura (símbolo del poder Ejecutivo en este país) desde la mañana a la noche.

Cientos de miles de campesinos, indígenas, académicos, empresarios, universitarios y activistas de derechos humanos salieron a las calles en diversos puntos cardinales con un mismo reclamo: la dimisión inmediata del gobernante, señalado de encabezar una red de corrupción.

"Otto Pérez Molina estás despedido", "No soy ixil, pero sí sé lo que hicieron: renuncia ya Tito Arias" y "Castigo a los partidos corruptos", fueron otros de los textos que portaron los ciudadanos.

Los manifestantes agitaron la enseña patria, mientras cantaron varias veces el himno nacional, algo habitual en las 18 protestas consecutivas realizadas todos los sábados desde el pasado 25 de abril.

"No vamos a descansar hasta lograr el cambio que deseamos. Sabemos que es un proceso difícil, pero seguiremos manifestándonos", declaró el rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado, quien encabezó la marcha de esa casa de altos estudios.

Las protestas se registraron también en los territorios de Baja Verapaz, Petén, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Alta Verapaz, Chiquimula, Quiché, El Progreso, Escuintla, Jalapa, Sacatepéquez, Huehuetenango y Suchitepéquez.

Diversos establecimientos comerciales, centros laborales, universidades y colegios cerraron sus puertas para expresar apoyo al paro y al cambio nacional.

Las protestas pacíficas evidencian que suman cientos de miles los descontentos con la gestión de Pérez Molina, quien no comparece en actos públicos desde el 21 de agosto, cuando fue arrestada la exvicepresidenta Roxana Baldetti, enviada a prisión preventiva y ligada a proceso.

Desde ese día hasta la fecha, casi una veintena de funcionarios, incluidos ministros y vicetitulares, renunciaron a sus cargos tras conocerse los presuntos vínculos del jefe de Estado con La Línea, red de defraudación aduanera.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad reveló el lunes, durante la audiencia de primera de Baldetti, una conversación telefónica entre el gobernante y el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Muñoz.

De acuerdo con la grabación del 3 de noviembre de 2014, ambos se saludan y se oye a Pérez Molina preguntarle: "¿Por qué no me quieren cambiar al de recursos humanos, cuál es el rollo?".

"¿Por qué el presidente estaba preocupado por alguien de recursos humanos? Porque obviamente se preocupa por sus intereses", dijo el juez Miguel Ángel Gálvez, quien ligó a proceso y envió a prisión preventiva a Baldetti esta semana.

En medio de la crisis política, la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, denunció ayer que la comisión investigadora no se reunió aún para conocer el expediente sobre el antejuicio contra el mandatario Otto Pérez Molina.

Montenegro es la tercera vocal de la comitiva presidida por Mario Linares del oficialista Partido Patriota, mientras los demás integrantes son Mario Barrios y Sergio Celis (de Lider), y Gloria Sánchez (también del Patriota).

Los cinco parlamentarios fueron seleccionados el jueves para analizar si existen indicios o no para retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, señalado de codirigir junto a la exvicepresidenta Baldetti una red de desvío de millones de dólares.

Tras el abandono del hemiciclo de diputados de los partidos Patriota y Libertad Democrática Renovada (Lider), ayer no se pudo fijar la fecha para que la comisión pesquisidora exponga ante el plenario los resultados del informe sobre este caso.

El Congreso y el presidente hacen oídos sordos al reclamo popular, pero cada día se hace más evidente que la caída del exgeneral tiene los días contados. (I)