Alan Rusbridger, jefe de redacción del diario británico The Guardian, tuvo que jugar la carta del patriotismo para defender el hecho de publicar las revelaciones de Edward Snowden. Interrogado durante 80 minutos por la comisión parlamentaria de asuntos internos, el martes 3 de diciembre, rechazó la acusación de poner en peligro la seguridad nacional del Reino Unido al exponer el dispositivo de espionaje cibernético de los servicios secretos británicos y estadounidenses.

Rusbridger compareció ante los diputados para responder a las acusaciones de tres jefes de los servicios secretos. El mes pasado, ante otra comisión, los jefes aseguraron que ahora los terroristas podrían burlar fácilmente toda vigilancia.

El jefe de redacción del Guardian aseguró haber procedido de manera prudente. Publicó solo 1% de los 58.000 documentos de Snowden. Siempre se puso en contacto con las autoridades para poder dar su versión de los hechos. Y, punto clave, jamás publicó el nombre de ningún agente secreto, ni ningún elemento que permitiera identificarlo. No se puso en peligro la vida de nadie. Las revelaciones se limitaron a explicar los métodos y la extensión del espionaje cibernético. Y advirtió que desde un principio el secreto estuvo muy mal cuidado por EE.UU.

Snowden era un empleado externo de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU.: unas 850.000 personas tuvieron el mismo acceso que él a esos documentos.

No es la primera vez que el Guardian debe defenderse. Desde la publicación de la primicia, en junio, las autoridades británicas han hecho todo lo posible para evitar la difusión de esos informes.

Hace unos meses, uno de los más altos funcionarios del país estuvo en el sótano del diario para supervisar la destrucción de un disco duro.

Dado que las presiones eran muy fuertes, la copia del disco estaba en poder de The New York Times, en EE.UU., país donde la constitución protege la libertad de expresión. “The Guardian no se dejará intimidar”, dijo Rusbridger.

La próxima ofensiva podría darse en el poder judicial. Varios diputados señalaron que haber sacado los archivos de Snowden fuera del Reino Unido constituyó un delito, pues ahí hay nombres de agentes secretos, y trasmitirlos allende las fronteras al parecer es contra la ley.

“Comunicar informes sobre la identidad del personal de los servicios secretos fuera de nuestro territorio es contrario al párrafo 58A”, dijo el diputado conservador Mark Reckless. En efecto, Rusbridger admitió que The Guardian transmitió los documentos a The New York Times. “Usted acaba de reconocer un acto delictivo”, señaló Reckless. Su advertencia no pasó de largo. Tras la audiencia, Scotland Yard confirmó haber iniciado una investigación.