No solo Gamavisión -que ya cuenta con dos informes por parte de Contraloría General del Estado- presenta pérdidas por el mal manejo administrativo-financiero del Gobierno anterior. Otros medios están en proceso de liquidación y disolución.

En el informe de Contraloría se determinó responsabilidad civil contra exdirectivos de TC Televisión, empresa incautada a los exdueños de Filanbanco y que durante los últimos años estuvo en manos del régimen de Rafael Correa.

El resultado, por ejemplo, reflejó un perjuicio de $166.921,34, por el pago de bonificaciones adicionales entregadas a altos directivos del medio y que, según Contraloría, no estaban contempladas en la ley.

En el examen, que se realizó al período del 8 de julio de 2008 al 30 de junio de 2014, se estableció que, según el Mandato Constituyente 2, artículo 4, que habla sobre la remuneración adicional variable, TC no debió pagar esos valores.

Por ello, el 19 de agosto de 2015 se predeterminó una glosa contra Carlos Coello, exgerente general del canal, y glosas solidarias contra otras tres altas autoridades.

A inicios de 2018 se presentaron dos informes sobre inobservancias a procedimientos de contratación, ejecución y disposición de bienes del canal a la Contraloría, para que se investiguen los casos. Actualmente la Contraloría realiza dos exámenes especiales en TC.

Sobre Cablevisión SA, el 12 de marzo de 2018 se presentó a Contraloría un informe sobre irregularidades en la contratación de transmisión de la venida del papa Francisco a Ecuador. Consta un contrato por $ 1’315.000, suscrito entre Secom y Cablevisión, por el servicio de un repositorio audiovisual, gráfico y relaciones públicas por la visita papal, que no se habría cumplido porque los servicios fueron subcontratados por encima del porcentaje permitido en la Ley de Contratación Pública.

Respecto a los trabajadores, el 11 de mayo ya fueron notificados.

En cuanto a Editorial Uminasa del Ecuador SA, mediante junta universal de accionistas, el 10 de mayo de 2018 se resolvió el cese de actividades de la compañía, y la notificación de los 9 trabajadores, el 8 de junio pasado.

En cuanto a América Visión SA, los administradores presentaron un proyecto para repotenciar la compañía, en caso de no proceder con la propuesta, se pensaría en un cese de actividades, en una disolución y liquidación voluntaria.

Finalmente, mediante Decreto 354 de 3 abril de 2018, el Ejecutivo dispuso el traspaso de las radios de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas a la Empresa Pública de Medios. (I)