Desde el enfoque de la democracia liberal, la libertad de expresión consiste en  el respeto, por parte del Estado, de la libre circulación de ideas, información y opiniones (sin límites), absteniéndose de censurar.

Desde lo formal, esta perspectiva resulta efectiva para sostener las sociedades democráticas; sin embargo, es insuficiente si no existen las condiciones materiales, el acceso, asequibilidad y no discriminación, que hagan posible esa libre circulación para todos y todas; siendo necesario, entonces, que el Estado adopte medidas de acción afirmativa para promover la igualdad real en el ejercicio efectivo, incluyente, plural y participativo de este derecho humano.  

Esta cuestión, planteada en el pensamiento de los pueblos del Sur, especialmente Latinoamérica, debate cómo la ansiada libertad de expresión se puede ejercer de forma real y democrática, cuando en la sociedad neoliberal esta libertad ha sido defendida, sostenida y controlada por intereses corporativos transnacionales y sus medios de comunicación social, que asocian la libre circulación de las ideas con su libre mercantilización, bajo las leyes de la oferta y la demanda.

En ese contexto, Ecuador plantea el reconocimiento como derecho humano, de la libertad de expresión sin censura previa, con responsabilidad ulterior y sin discriminación, así como el derecho a una comunicación intercultural, incluyente, diversa y participativa; y el derecho a la información veraz, verificada, contextualizada, oportuna y plural, por cualquier medio o forma. Para garantizar estos derechos, la norma suprema en el artículo 384, formaliza un sistema que, a diferencia de la norma política de 1998, subordina sus instituciones a la garantía de los derechos y no del mercado, para lo cual el artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación proclama la comunicación como servicio público y la información como bien social, situando con ello al ser humano sobre el capital.

Superar la ‘democracia de los medios’ y el ‘Estado de opinión’

Esto implica salir de la lógica neoliberal y democratizar los medios de comunicación, el acceso a las tecnologías de información y comunicación, asumir garantías para la creación de medios públicos, privados y comunitarios, distribuir equitativamente las frecuencias del espectro radioeléctrico (actualmente el 80% de las frecuencias se encuentra en manos privadas), y la prohibición de monopolios y oligopolios en las empresas de comunicación, así como que los propietarios de medios tengan otra actividad económica, que comprometa la independencia en el manejo de la información.  

Ecuador, por tanto, le apuesta a una democracia real que garantiza el pleno ejercicio de la soberanía popular, así como la toma de decisiones políticas conscientes y la construcción colectiva del Buen Vivir mediante la participación social. Es decir, la comunicación e información protegida por la norma constitucional es aquella que le permite al público comprender adecuadamente la realidad, dentro del contexto económico, social, cultural y natural, así como ser parte activa en del desarrollo humano.

La postura ecuatoriana es de vital importancia, en el marco del surgimiento en Latinoamérica y el mundo, de las ‘democracias mediáticas’ que sustituyen las Repúblicas por ‘Estados de opinión’, sometiendo las decisiones políticas a la agenda de los medios de comunicación social, bajo el falso argumento de que la ‘opinión pública’ representa la voluntad de las personas, cuando en la práctica, dicha ‘opinión’ se trata de mediciones de rating con metodologías injustas, sondeos de opinión a la carta, encuestas; y criterios de ‘especialistas’ y ‘líderes de opinión’ afines a intereses corporativos o a los grupos de poder que no representan al pueblo.

Cabe destacar que los Estados de opinión son el resultado del desmantelamiento de las instituciones públicas, efectuado en las tres últimas décadas del proceso neoliberal, con el apoyo de los medios de comunicación vinculados al poder económico, nacional e internacional; reduciendo el Estado social a una instancia al servicio del mercado. En el Estado de opinión, los políticos, con el fin de alcanzar legitimidad y aceptación social, se convierten en productos mediáticos en función de la oferta y demanda de las audiencias. En palabras de Félix Ortega: “Todo relato político que no se ajuste a las reglas de la comunicación mediática difícilmente será incorporado a la misma. Y sin la visibilidad que ella posibilita, carecerá de cualquier posibilidad de llegar a los ciudadanos”.

La resistencia mediática privada al ejercicio de los derechos ciudadanos

Los medios de comunicación corporativizados, aliados del modelo neoliberal, son claves en el Estado de opinión. Junto con políticos sometidos a la lógica mercantilista, contribuyen a la construcción de una realidad distorsionada de las instituciones públicas, generalmente relacionada con la corrupción política y la incapacidad operativa.

Estos medios están en la capacidad de construir o destruir la legitimidad democrática. La personalización y banalización de lo público y el endiosamiento del mercado como nuevas formas de hacer política, dejan atrás el debate ideológico sobre programas y proyectos políticos, para dar paso a liderazgos construidos a partir de los ‘sondeos de opinión’.

En este contexto, la ciudadanía queda fuera del espacio público, incapaz de plantear posiciones, acciones, proyectos, discursos y prácticas, desplegar su fuerza organizativa o hacer presencia pública en los espacios de debate y deliberación. En el Estado de opinión los medios de comunicación son los nuevos actores políticos.  

La posición ecuatoriana busca romper con la democracia mediática y el Estado de opinión, haciendo prevalecer el Estado constitucional de derechos y justicia que, desde la teoría política, se define como aquel cuyo fin es la garantía de la igualdad formal y material, los derechos humanos y la dignidad humana.

En el Estado constitucional, los medios de comunicación adquieren un rol diferente al desarrollado en el esquema neoliberal. Es una función que ya había sido advertida por el Informe Mc. Bride en 1980 y posteriormente por la Unesco: “Los medios de comunicación deben aportar una contribución importante al fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacional y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la propaganda belicista. (…) así como contra las otras violaciones de los derechos humanos, que, entre otras cosas, son resultado de los prejuicios y la ignorancia, los medios de comunicación, por medio de la difusión de la información relativa a los ideales, aspiraciones, culturas y exigencias de los pueblos contribuyen a eliminar la ignorancia y la incomprensión entre los pueblos, a sensibilizar a los ciudadanos de un país sobre las exigencias y aspiraciones de los otros, a conseguir el respeto y la dignidad de todas las naciones, de todos los pueblos y de todos los individuos, sin distinción de raza, sexo, lengua, religión o nacionalidad, y a señalar la atención a los grandes males que afligen a la humanidad, tales como la miseria, la desnutrición y las enfermedades”.

El Estado constitucional de derechos, frente al Estado de opinión, tiene la función de transferir el conocimiento a la sociedad y recuperar para el pueblo su soberanía, su capacidad deliberativa y la reconstrucción de lo público como fuente de legitimidad democrática, siendo responsabilidad de los habitantes de nuestro país desarrollar, en el marco de nuestras realidades y la integración latinoamericana, las capacidades necesarias para reducir la desigualdad y la discriminación, mediante el ejercicio de una comunicación responsable.