El Parlamento griego aprobó la noche del sábado una ley para poner orden en el sector privado de la televisión y luchar contra la colusión entre el poder, los medios de comunicación y las empresas, con la subasta de licencias audiovisuales.

El conjunto de la ley fue adoptado con los votos a favor de los diputados de la mayoría gubernamental, Syriza (izquierda) y Anel (derecha soberanista), aunque algunos de sus principales artículos recibieron el visto bueno de la oposición socialista del Pasok y de los centristas de Potami.

Esta reforma era una de las promesas del gobierno de Alexis Tsipras a los acreedores del país -Unión Europea y Fondo Monetario Internacional- y a sus electores.

El Gobierno ha defendido que esta norma servirá para acabar con "un periodo de oscuridad que ha generado ilegalidad y corrupción". El objetivo es "restablecer la transparencia en la gestión de las frecuencias, un bien público" y conseguir ingresos para el Estado, indicó la portavoz Olga Gerovassili.

Los grandes empresarios del sector -media docena de magnates que también tienen intereses en la construcción, las finanzas, el armamento marítimo y el petróleo- se han opuesto a esta ley, que prevé subastar las licencias de las frecuencias de televisión digital terrestre, y dejar de otorgar licencias provisionales a las compañías como hizo durante los últimos 25 años.

Por ejemplo, los propietarios de una de las cadenas privadas más importantes, Mega, son a la vez dueños del mayor grupo de construcción del país, que lleva a cabo obras públicas por valor de varios miles de millones.

En Grecia, hay una decena de televisiones privadas nacionales, cuya mayoría está endeudada con el Estado, la Seguridad Social y los bancos. Esos medios han aprovechado las lagunas jurídicas y la complacencia de los sucesivos gobiernos de izquierdas y de derechas.

La reforma prevé que las empresas endeudadas con Hacienda o adjudicatarias de grandes contratos públicos no puedan comprar licencias audiovisuales.  

La oposición derechista votó en contra de la ley, acusando al gobierno de querer controlar los medios.

Lo que establece la norma

Habrá una subasta internacional para licitar las frecuencias a nivel nacional y local por un periodo de 10 años, que organizará el Consejo Nacional de Radiotelevisión, la autoridad independiente encargada de la supervisión de las radios y las televisiones del país.

En este proceso, las cadenas privadas ya existentes no tendrán un trato preferencial, sino que deberán cumplir los requisitos, entre ellos: la obligación de disponer de un capital propio de 8 millones de euros, no tener deudas con Hacienda y la Seguridad Social, disponer de instalaciones adecuadas, asegurar un número mínimo de puestos de trabajo y respetar la legislación laboral.

No tienen derecho a participar en el procedimiento sociedades cuyos accionistas están en empresas implicadas en obras públicas, por razones de transparencia.

Además, se contempla la creación de una sociedad filial de la radiotelevisión pública griega (ERT), que proveerá de señal digital; de un centro nacional de medios audiovisuales (EKOME), que se encargará de la digitalización y la preservación de los archivos audiovisuales; y de un registro oficial de los medios digitales.

Para incluirse en el registro, acto que será voluntario, los medios digitales deberán presentar la lista de sus accionistas y respetar la legislación laboral.

En contrapartida tendrán derecho a acceder a los archivos de ERT, de EKOME y de la agencia pública de noticias (AMNA) y a disponer de una parte de la publicidad pública.

El Consejo Nacional de Radiotelevisión ha trasladado sus reservas sobre el contenido de la norma. En una carta dirigida al Gobierno, el ente afirma que la ley no tiene en cuenta los cambios tecnológicos que se han producido en el sector ni tampoco el diálogo que se desarrolla a nivel europeo sobre este asunto. (I)