El Congreso del estado mexicano de Sinaloa aprobó una polémica reforma en materia judicial que impone restricciones a las coberturas periodísticas, lo que desató hoy el rechazo unánime del gremio en una de las regiones más violentas del país.

El proyecto legislativo, presentado por el gobernador Mario López y aprobado el jueves por unanimidad, señala que los periodistas "en ningún caso" podrán tener acceso a los lugares donde se registran hechos delictivos.

Tampoco podrán acceder a "información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia", indica el artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa.

La única forma de conseguir información de las investigaciones será "a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia."

Sinaloa, ubicado en el noroeste de México, es uno de los cinco estados más violentos del país, con una tasa de 41 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con cifras oficiales de 2013.

Esta región, cuna desde los años setenta de importantes capos del narcotráfico, vive un recrudecimiento de la violencia por el reajuste de los grupos del crimen organizado tras la captura del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "el Chapo" Guzmán, en febrero pasado.

En un comunicado, el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida Valdez, calificó hoy el artículo "como propio de una dictadura" y pidió su "inmediata derogación", toda vez que "atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información".

"Acudiremos, en su defecto, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para denunciar el atropello que han cometido en contra de nuestras más elementales libertades", apuntó.

La polémica generada solo unas horas después de la aprobación de la medida llevó al gobernador a solicitar al Legislativo local que analice y, en su caso, modifique el texto.

Tras expresar que será respetuoso de las decisiones del Congreso, destacó que su Gobierno no pretende "cometer excesos, y mucho menos coartar el libre ejercicio periodístico en Sinaloa".

Por el contrario, su objetivo es "propiciar condiciones para que se garantice un ejercicio libre y seguro de su profesión", señaló en un comunicado divulgado hoy.

Para añadir a la polémica, la diputada del minoritario partido Nueva Alianza, Silvia Miriam Chávez, admitió que aprobó la reforma sin conocer su contenido.

"Me siento avergonzada porque no estoy acostumbrada a ser una política de mentira, la verdad sí lo voté y no me di cuenta, firmé el dictamen también", expresó.