Redistribuir será el eje del modelo productivo
El plan económico del Gobierno para el nuevo período presidencial 2013-2017, se sustenta en siete ejes fundamentales que apuntan a la redistribución de la riqueza para contar con una sociedad incluyente, solidaria y justa. “En sociedades estructuralmente inequitativas como la ecuatoriana, no se puede pensar en un proceso de ampliación de las oportunidades sociales sin afectar la desigualdad”, afirma el programa, contenido en un total de 35 propuestas sociales, políticas y económicas.
Dentro de esa perspectiva, el programa se encamina a fortalecer cinco industrias y 14 sectores prioritarios, que permitan sustituir importaciones y mejorar la oferta de productos exportables. Para ello, se cambiará la estructura productiva y energética del país que abarca a proyectos en construcción como la refinería del Pacífico, centrales hidroeléctricas y viales. Además, se propone controlar los monopolios y otorgar financiamiento para la promoción de exportaciones a través de un banco de comercio exterior con crédito, garantías y seguro de exportación.
Cambio de la matriz productiva
Una de las ofertas de campaña de Alianza País fue el cambio impostergable de la matriz productiva para transformar la estructura económica nacional. Es decir, modificar las relaciones entre los actores sociales que producen bienes y servicios entre los que están los recursos tangibles (naturaleza) e intangibles (conocimiento). Con el modelo de “Acuerdo Comercial para el Desarrollo”, en lugar de los Tratados de Libre Comercio, la política en esta materia permitirá establecer relaciones de complementariedad, solidaridad y comercio justo.
Las políticas también apuntan a la diversificación de las exportaciones y a mejorar la calidad y competitividad de los productos ecuatorianos. A la vez, se fortalecerán los sectores productivos en los cuales ya existen ventajas competitivas (turismo, calzado, textiles, agricultura, etc.), con la incorporación de conocimiento, ciencia y tecnología. El cambio de la matriz productiva descansa en el desarrollo de cinco industrias estratégicas: refinería, astillero, petroquímica, metalurgia del cobre y siderurgia.
Según el plan, con el despegue de la Ciudad del Conocimiento (Yachay) y su articulación a los centros de investigación, arrancará la formación de las capacidades para el cambio de la matriz productiva. De hecho, se planificará el desarrollo de bioconocimientos, bioservicios y su aplicación tecnológica. En los cuatro años de mandato, el Gobierno se propone radicalizar las transformaciones del Estado para profundizarlas, ampliarlas o corregirlas.
Sectores Prioritarios
Otro de los ejes del programa es consolidar la transformación productiva de los 14 sectores prioritarios: turismo; alimentos frescos y procesados; energías renovables; productos farmacéuticos y químicos; biotecnología: bioquímicos y biomedicina; servicios ambientales; metalmecánica; tecnología: hardware y software; plásticos y caucho sintéticos; confecciones, ropa y calzado; vehículos, automotores, carrocerías y partes; transporte y logística; construcción; y cadena forestal sustentable y productos madereros procesados. La agenda se integra con la reducción de la intermediación para disminuir la brecha existente de precios entre el productor y el consumidor. Pero eso será posible con la aplicación de una política activa de fijación de precios, incentivos a la asociatividad y la verdadera competencia de mercado.
Sector financiero
Mantener la estabilidad económica con un máximo nivel de empleo y producción, asegurando una sostenibilidad fiscal externa y financiera, es otra de las iniciativas. Para el efecto se canalizará el crédito para las actividades productivas y generadoras de trabajo, y se aplicarán mecanismos que garanticen el control en la salida y entrada de capitales y divisas. Esto permitirá, agrega el plan, mejorar la propia estabilidad de la economía actuando como un mecanismo de protección frente a choques en el sector externo. A la vez, facilitará el manejo de la liquidez interna para canalizar el ahorro hacia los sectores productivos.
Asimismo, se potenciará el “dinero móvil” y seguirá la regulación y control a la banca, seguros y otras instituciones financieras para limitar su poder económico y su vinculación con el poder político. La medida obligará a que el capital financiero privado esté al servicio del sistema productivo y de la generación de trabajo. En esa línea, el programa espera consolidar, fomentar y fortalecer al sector financiero popular y solidario como una alternativa a la banca, para “que sea un gran aliado de la política pública en el financiamiento de la inversión productiva”. Además, se sancionará los abusos de poder del mercado. Y, con la modernización tecnológica para simplificar los trámites, se facilitará el emprendimiento de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.
Sector energético
Con el objetivo de financiar y soportar el cambio de la matriz productiva y atender la creciente demanda energética, el plan propone ampliar el horizonte de reservas de petróleo en la nación. Con los grandes proyectos hidroeléctricos que están en construcción, para 2016 se superará el 90% de hidroelectricidad en esta matriz. Así, se impulsará la soberanía energética para que Ecuador se convierta en exportador de electricidad, y de combustibles con la refinería del Pacífico. El programa apunta al aprovechamiento de los recursos mineros con responsabilidad socio-ambiental, incentivando la explotación y desarrollo de proyectos mineros de gran escala, para asegurar la participación del Estado en los beneficios de la explotación del recurso. De igual manera, se profundizarán acciones para erradicar, definitivamente, la minería ilegal. Por otro lado, en 2017 se habrá cuadruplicado el área regada y el número de habitantes protegidos contra inundaciones.
Medios de producción
Otro de los retos es la implementación del sistema nacional de gestión e información de tierras rurales. La redistribución de la tierra se realizará en función de su extensión y calidad, y la población de cada territorio será la que decida sobre la tenencia privada y comunal. También se optimizará la infraestructura estatal de riego y vialidad para mejorar la producción en tierras con menor acceso al agua. En tanto que se diseñarán subastas específicas de los bienes inmuebles y muebles recibidos en dación de pago en la banca pública para los trabajadores y comunidades, mediante líneas de crédito específicas. La soberanía y seguridad alimentaria y la promoción de formas de producción comunitaria, asociativa y cooperativa, son parte del programa.