En una columna previa describí la reducción del empleo informal entre las trabajadoras domésticas remuneradas. Si bien aumentó el porcentaje de empleadas domésticas con afiliación a la seguridad social, en términos absolutos disminuyó su número, lo que sugiere la existencia de hogares que prescindieron de estos servicios ya que no estuvieron en capacidad de sufragar los gastos relativos al pago de salario mínimo y la afiliación a la seguridad social o que tuvieron temor de la posible penalización (gráfico 1). Es decir, se perdieron empleos en el servicio doméstico al tiempo que se lo formalizó, a pesar del impulso dado a la figura de la jornada parcial permanente.

Este resultado sería consistente con lo que la teoría prevé de una mayor fiscalización en el mercado de trabajo, según un estudio reciente del BID realizado por Carmen Pages, Ángel Melguizo y Mariano Bosch, que se titula Mejores pensiones mejores trabajos. Hacia la cobertura universal en América Latina y el Caribe.

En efecto, el Gobierno ha impulsado la mejora del salario mínimo de las empleadas domésticas (gráfico 2) y su equiparación con el salario mínimo de los trabajadores en general (desde 2010), así como la exigencia de su afiliación a la seguridad social, el goce de vacaciones y el pago de horas extras, fondo de reserva y los décimos tercero y cuarto sueldos.

En el marco de las campañas ‘Trabajo Doméstico Digno’, iniciada en 2010, y ‘Trabajo Digno’, en 2011, el Ministerio de Relaciones Laborales realizó -luego de las etapas de información y difusión de derechos y obligaciones laborales- inspecciones directas en las viviendas a fin de verificar el cumplimiento de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas. Los inspectores del Ministerio visitaron puerta a puerta las viviendas de los barrios urbanos de clase media y alta, y entrevistaron directamente a las empleadas domésticas sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de sus empleadores. Luego de la visita, los inspectores colocan un sello de Trabajo Digno en la entrada de las viviendas, al mismo estilo de los que se ubican en los censos de población y vivienda.

El incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los empleadores conlleva la aplicación de sanciones pecuniarias establecidas en el Código del Trabajo y la regularización de la situación de las trabajadoras. Adicionalmente, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) emprende las coactivas para el cobro de los valores adeudados. Con esta política activa, el servicio doméstico pasó de ser la rama de actividad económica con mayor incidencia de empleo informal en 2007 a ser la quinta en 2012, pese a la baja tasa de crecimiento anual de su valor agregado en el período (0,9%).

El Ministerio de Relaciones Laborales realiza también capacitaciones a las empleadas domésticas y promueve su asociatividad. Es necesario evaluar si el fomento del emprendimiento asociativo del servicio doméstico es una opción factible. Queda por indagar si quienes perdieron su empleo doméstico se han reubicado en otros trabajos o han salido de la fuerza laboral, y discutir las correspondientes implicaciones de política pública.