El debate en torno a la aprobación de la Ley de Cultura para el Ecuador es sintomático del estado del sector: atomizado, corporativo, polarizado. Revela intereses y temores de distintas facciones que, en el fondo, anhelan una ley perfecta, a la altura de sus puntos de vista, lo cual, aunque fácil de entender, es imposible. E indeseable, porque lo perfecto es enemigo de lo posible.

La Ley debe aprobarse cuanto antes. Porque eso apenas significará el primer paso de un largo recorrido que verá algunos resultados a los dos o tres años, recién. La inercia no aguanta más.

La inercia de una Casa de la Cultura, por ejemplo, que no ha presentado ningún balance serio de resultados que justifique mantenerla bajo el candado corporativo, opaco y clientelar que la caracteriza. Es notorio que quienes enarbolan el discurso de las industrias culturales no le piden cuentas a una entidad que tiene, prácticamente, una imprenta por núcleo y seguramente cuenta con más libros editados que lectores. ¿Cuántos se imprimen al año? ¿Cuántos se leen? ¿Cuántos se embodegan? ¿Cuántos salen en núcleos y cuántos en la Matriz? ¿Hay estadísticas? ¿Desde qué año?

Inercia que ha afectado a la cabeza del sector, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, traducida en una errática transición de autoridades y un debilitado liderazgo.

Ahora, si uno anota un par de retos que la Ley debe alcanzar yo diría que parte importante del éxito de esta Ley estará dado en la medida en que, primero, articule bien con los niveles locales de gobierno, tanto en materia de gestión del patrimonio cuanto de fomento de las artes; y, segundo, con una correcta articulación y administración del régimen de derechos de autor que es aquel que, bien gestionado, permite a los artistas depender menos de los subsidios estatales y asegurarse, a través de las sociedades de gestión y del mercado, sus propios medios de producción y reproducción creativa. ¡Dejémonos de vainas! Así funciona en los países cuyo dinamismo cultural admiramos y envidiamos: Argentina, México, Brasil, por no decir Francia, España, etc. A quienes sueñan con Estados Unidos les hago notar que aquel país ni siquiera tiene Ministerio de Cultura, o Secretaría en su caso y que su principal política pública es el proteccionismo a ultranza que prácticamente impide el ingreso de contenidos culturales de otras latitudes. El resto es industria estandarizada, una gran industria cultural hegemónica de capitales privados que produce contenidos como salchichas.

En nuestro país los Gobiernos locales recaudan millones por concepto del impuesto al espectáculo público. ¿Para qué lo usan? Es hora de que municipalidades como Quito o Guayaquil jueguen un rol serio, visible, transparente que desahogue presión sobre los fondos nacionales. No se trata de que las Secretarías de Cultura hagan sus planes, reproduciendo mecánicas clientelares y/o discrecionales, sino que existan políticas de fomento a escala local, es decir, de acceso a recursos a favor de artistas y gestores con mecanismos auditables y meritocráticos a través convocatorias y concursos anuales.

Por supuesto, la articulación con los Gobiernos locales será clave especialmente en la gestión del patrimonio, tema sensible si los hay. En la actualidad varias municipalidades se están haciendo cargo del tránsito, con enormes dificultades, pero la pregunta ya no es si podrán asumir la gestión del patrimonio sino de qué forma será fortalecido el sistema de regulación y control nacional para garantizar su protección. La cultura se vive y se hace en el territorio, en el barrio, en la parroquia. El rol de los Gobiernos locales es ineludible.

Si se añade un tercer factor, derivado de un fenómeno económico denominado «la enfermedad de los costos», que echa al traste aquella expresión de que «no hay mejor ley que la que no existe», el rol que juegue el Estado garantizando los recursos suficientes para atender el sector será determinante, pues, como resultado de esta disfunción económica, la sociedad no puede asumir sin intervención del sector público los costos de bienes y servicios que crecen a diferente velocidad en materia de productividad y salarios. Es el caso de la cultura.

Vale mencionar aquí una corriente crítica de la Ley que proviene de una tendencia liberal que descree del rol del Estado. En efecto, varios artículos de opinión del portal Gkillcity.com han expresado y sembrado dudas sobre la necesidad y oportunidad de la Ley así como han hablado sobre sus intenciones «ocultas». Alguno de ellos, de Cristina Vera, partía con una mención de Goebbels, aunque luego decía que no era su intención comparar la situación del nacionalsocialismo con Alianza País. Otro, de Lucía Durán, luego de una erudita y fundamentada disquisición conceptual, planteaba, en definitiva, que más vale malo conocido que bueno por conocer. Se trata de argumentos que plantean que el Estado, en nuestro país, no debería jugar un rol central en materia de fomento cultural, lo cual es absolutamente respetable. Yo creo lo contrario. Creo que sin participación del sector público volveremos a la discontinuidad, a los vacíos y largos silencios y al aislamiento cultural. Al mismo tiempo estoy a favor de la eficacia y la eficiencia y estoy en contra del clientelismo y de la burocracia intransigente.

Quizá la actual no sea la Ley de Cultura perfecta, pero es necesaria. ¡Y lo es ya!

El fenómeno económico llamado «la enfermedad de los costos» echa al traste esa idea de que «no hay mejor ley que la que no existe». El Estado será determinante para garantizar recursos para el sector cultural, pues la sociedad no puede asumir sin la intervención del sector público los costos de bienes y servicios en materia de productividad y salarios.