Denuncias de corrupción contra la anterior administración del Consejo de la Judicatura (CJ) marcaron la posesión de las nuevas autoridades del organismo en las provincias de Guayas y Santa Elena.

Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura, en su discurso de bienvenida a los funcionarios, reveló un perjuicio que supera los $ 400.000 en el alquiler de bodegas por parte de la anterior administración del organismo rector de justicia de Ecuador.

La denuncia, según la funcionaria, es respaldada por un informe de la Contraloría, el cual revela que se alquiló un edificio destinado a bodegaje en $ 17.000, cuando debió pagarse solo $ 2.000.

Aragundi manifestó que se entregó la administración de los parqueos de las unidades judiciales Florida y Valdivia a una empresa que no ha pagado el alquiler dos años. En este caso el perjuicio supera los $ 100.000.

Los nuevos vocales, administrativos y de control disciplinario en la provincia de Guayas, Manuel Eduardo Chung Salvatierra y José Miguel García Auz, respectivamente, se comprometieron a transparentar la justicia del país.

La lucha contra los corruptos también fue la promesa  de Patricia Morán, quien fue designada vocal administrativa del CJ en la provincia de Santa Elena.

En la toma de juramento a los nuevos funcionarios el presidente del CJ, Aquiles Rigail, destacó el trabajo que realiza hasta el momento el organismo que regula la administración de justicia del país para recuperar la credibilidad ciudadana, basado en la lucha contra la corrupción.

El nuevo vocal administrativo del CJ de Guayas prometió respeto al mandato ciudadano expresado en la consulta popular, el cual ordena una lucha sostenida contra la corrupción y la búsqueda de una función pública ágil y transparente.

“Esta delegación provincial del Consejo de la Judicatura centrará su conducta en lo ordenado en el artículo 83, numerales 2, 7 y 11 de la Constitución de la República del Ecuador, Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar”, sostuvo Rigail. (I)