Vicuña: “El rol psicológico es importante en los procesos”

Representantes de la Asociación Ecuatoriana de Psicología Jurídica y Forense entregaron a la asambleísta María Alejandra Vicuña una declaratoria que esperan sea analizada por las autoridades del Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado.

En el documento consta un estudio de la situación de los psicólogos en el ámbito judicial, recomendaciones acerca de su participación en la aplicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en los casos de violencia intrafamiliar, sobre todo en la psicológica, y compromisos para mejorar el servicio.

Soraya Bohórquez, presidenta de la asociación, mencionó que, para llegar a varias conclusiones expresadas en la declaratoria, los miembros realizaron mesas de trabajo en Guayaquil, Quito y Cuenca.

Ahí debatieron, por ejemplo, la intervención de los profesionales de los equipos técnicos en situaciones de violencia intrafamiliar. Bohórquez explicó que cuando un afectado llega a la unidad en la que se tratan temas flagrantes (ocurridos en las últimas 24 horas) primero necesita una atención en crisis antes de examinarlo.

Además, expresó que el informe pericial evaluando el daño psicológico, según los protocolos, debe presentarse entre 45 minutos y una hora, cuando lo adecuado sería al menos 6 horas. “Hacerlo en las condiciones actuales podría tener el efecto contrario a lo esperado. Hemos coincidido en que deben ser de 4 a 6 sesiones de unos 45 minutos cada una. La elaboración de un informe pericial, con estructura y contenidos adecuados, responde a un proceso”, indicó.

La especialista manifestó la necesidad de socializar los protocolos establecidos para la atención de la víctimas, ya que en muchas ocasiones se confunde el rol del profesional asignado como perito, quien en muchas ocasiones debe actuar como terapeuta.

También se refirió a que la demanda de atención en las Unidades Judiciales de Violencia, Niñez, Adolescencia, Familia y Fiscalía supera la cantidad de psicólogos contratados.

Entre las sugerencias, Bohórquez planteó que se debería impulsar la formación profesional de psicólogos jurídicos y forenses, ya que la especialidad no se da en las universidades; e incrementar la plantilla según las necesidades de cada provincia para evitar los excesos de carga laboral.
Añadió que los protocolos deben ser evaluados periódicamente a partir de las experiencias.

En el documento se precisan los compromisos de la Asociación. Entre ellos, socializar la declaratoria con las autoridades competentes, promover la formación ética en el ámbito de la psicología jurídica y forense y mantener un canal de comunicación con las instituciones y organismos que requieran su ayuda.

La asambleísta Vicuña destacó el aporte del gremio como un complemento para la aplicación del COIP. “El rol del psicólogo es importantísimo en los procesos y me comprometo a hacer llegar este documentos a las autoridades”, concluyó.