El pasado 8 de julio de 2019, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), presentó el “Estudio mundial sobre el homicidio 2019”. Allí se concluye que se han dado más muertes durante este año por asesinatos (premeditados o planeados) que debido a los  conflictos armados.

Según la UNODC, a nivel mundial se ha establecido al homicidio como la principal variable para definir el nivel de violencia que tiene un país o región.

En 2017, alrededor de 464.000 personas fueron víctimas de homicidios intencionados en el mundo. La tasa de víctimas por cada 100.000 personas bajó

a 6,1 puntos en ese año, pero a nivel de región los países de Centroamérica son los que mayor tasa de homicidios registran.

De acuerdo al informe, varios factores pueden causar este tipo de violencia. Uno de ellos es la delincuencia organizada: el 19% de homicidios se da debido a las organizaciones criminales, las que terminan afectando al desarrollo socioeconómico de un Estado.

De forma similar a lo que ocurre en Ecuador, a escala mundial el 81% de las víctimas de homicidio son hombres, que terminan a manos de desconocidos.

El tema de las víctimas, según el género, varía de acuerdo a la edad, la tasa de homicidios de niños y niñas.

Hasta los 9 años se comete en igual dimensión, a diferencia de los hombres de 15 a 29 años, quienes corren mayor riesgo de ser asesinados.

Para Yolanda Vega, psicóloga clínica y psicoanalista, la muerte en la mayoría de los hombres se da porque ejercen más violencia, pues culturalmente no está permitido que demuestren abiertamente otras emociones.

“Ahí por ejemplo está el tema de que ‘los hombres no lloran’, el tema del machismo. Sí les está autorizado social y culturalmente manifestar violencia, lo que pasa menos o de otras maneras con las mujeres”, manifestó Vega.

Las muertes violentas que ocurren tanto a nivel nacional como internacional tienen un impacto psicosocial fuerte, generando miedo y temor en la población,  aseguraron esta y otros expertos.

Desde el ámbito psicológico, el homicidio y el asesinato (ya sea con o sin intención) es cuando un ser humano termina con la vida de otro. Según Vega, no es posible pensar este delito fuera del contexto de la sociedad o de la cultura, pues hay sectores donde se presentan con mayor frecuencia por la permisibilidad

en torno a la ley. “Esto siempre va a producir un tipo de malestar, pero antes las leyes o la noción de ley era más fuerte, más sólida, mientras que hoy en día no es tan clara”.

Existen lugares donde operan grupos organizados o guerrillas, y la violencia, el asesinato, el homicidio está naturalizado, porque rigen bajo su propia ley.

Es por ello que Vega cree que el tejido social se está deteriorando, debido a que las leyes no se cumplen, las personas tienen lazos sociales más violentos, en donde existe más rivalidad y permisibilidad; es decir, donde se produce mayor número de asesinatos y homicidios.

“La corrupción, la impunidad, todo incide, en un Estado se distribuye en quienes puedan legítimamente ejercer violencia. El crimen organizado influye, pero hay sectores de la población que son más vulnerables. La sociedad se encarga de proveer o no los canales para tramitar ese malestar, y el problema es que ahora esos canales son débiles”.

Vega se basa en estudios para destacar que las personas que cometen asesinatos son las que en determinado momento encuentran una falla en lo simbólico. “La prohibición que se debió haber aprendido ‘no matarás’, no se ejerce. Por algo se piensa que no es una ley válida, que se puede, que está permitido”.

Y por ello -remarcó- es importante trabajar desde el Estado, desde la familia, la sociedad, la cultura, con educación, respeto, entender que la ley es para cumplirla porque permite vivir en comunidad.

La experta en psicología indicó que la agresividad es inherente al ser humano, pero este conjunto de modelos enseñan a reprimirla.

Para hacer frente al fenómeno de la violencia, el 4 de julio pasado el Ministerio de Gobierno expidió el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica, que constituye una política pública integral.

El objetivo del plan es desarrollar la seguridad ciudadana como un proceso de gobernanza para la construcción de derechos y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. (I)