En febrero de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) inició el proceso en contra del Estado ecuatoriano por el caso  Paola, víctima de abuso sexual, por parte de un docente, y de la indiferencia de las autoridades educativas y judiciales.

Paola Guzmán Albarracín tenía 12 años cuando ingresó al colegio fiscal, situado en el centro de Guayaquil.

En 2001, empezó la ruta del suicidio para Paola. Ella  había cumplido 14 años y tenía problemas en dos materias; entonces el vicerrector del plantel, Bolívar Espín Zurita, de 65 años, se ofreció a ayudarla a cambio de que saliera con él. Desde octubre de 2002 empezó a abusar sexualmente de la menor hasta que ella quedó embarazada. Espín Zurita, entonces, le dijo que abortara con la ayuda del médico del plantel.

El 12 de diciembre de 2002, en una crisis de depresión, Paola ingirió una alta cantidad de fósforo blanco con el propósito de suicidarse y luego de ello se fue a su colegio. Ella les contó a sus amigas lo que había hecho y la trasladaron a la enfermería del plantel, pero este departamento no aseguró el cuidado médico necesario ni avisó a un familiar.

Las compañeras de Paola llamaron a su madre. Cuando llegó al colegio ella la halló tendida en una camilla. La adolescente le pidió perdón por tomar esa fatal decisión. Petita llevó de inmediato a su hija a un hospital, donde falleció como consecuencia de una intoxicación.

Trámite judicial
La familia de Paola denunció inmediatamente los hechos ante las autoridades competentes, sin embargo, ninguno de los mecanismos que usó fue efectivo. En cuanto al proceso penal, las actuaciones del aparato estatal fueron insuficientes, ya que hubo deficiencias en el análisis y en el manejo de la evidencia recolectada.  

El 5 de febrero de 2003, la jueza Smirnova Calderón emitió una orden de allanamiento del domicilio del docente, ubicado en la ciudadela Coviem, pero Espín no se encontraba en el sitio.

La orden de detención nunca fue ejecutada.

En el archivo de causas del Consejo de la Judicatura no hay otra diligencia judicial en el caso Paola.

Las autoridades administrativas destituyeron al vicerrector por el abandono del cargo. Espín Zurita se mantuvo prófugo hasta que la causa prescribió. Luego reaparece en un proceso  judicial, esta vez por una contravención de tránsito. 

El 24 de febrero de 2014, el juez lo sanciona con una multa de dos salarios básicos unificados y 10 puntos menos en la licencia por no tener permiso para transportar pasajeros en su vehículo. O sea era taxista informal.

Caso pasa a la Corte Interamericana de DD.HH.

El 2 de octubre de 2006, el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) de Guayaquil), presentaron el caso de Paola ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La petición fue admitida el 17 de octubre de 2008 y por casi 3 años se realizaron trámites para alcanzar un acuerdo de solución amistosa, pero las negociaciones no progresaron. 

En la petición, las organizaciones sostienen que Ecuador violó el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal y a una vida libre de violencia.

También el derecho a estar libre de discriminación, el derecho a la protección especial en su carácter de niña, el derecho a la educación, el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial.

La directora del Cepam, Lita Martínez, conoció el caso Paola cuando ya estaba por prescribir la causa. Fueron mal llevados los casos civil, penal y administrativamente.

Desde febrero de este año el caso Paola ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

“Para nosotros es emblemático porque es el primer caso de violencia sexual en el ámbito educativo que va a la Corte-IDH”, sostuvo Martínez, quien acompañó a Petita en todos los trámites de este proceso. (I)