La defensa del vicepresidente de la República aceleró su trabajo en la Fiscalía General del Estado. El abogado Eduardo Franco, defensor de Jorge Glas, entregó un escrito donde rechaza la vinculación de su cliente en la instrucción fiscal por supuesta asociación ilícita.  

Esta investigación busca descifrar la supuesta red de corrupción que articuló Odebrecht con funcionarios públicos y empresarios en el país, para beneficiarse de contratos con el Estado desde su retorno en 2010.

El Vicepresidente señala que los indicios fiscales no tienen ningún sustento. En su escrito aclara su rol en cada uno de los contratos que fueron suscritos por la constructora brasileña y el Ejecutivo.

Por ejemplo, dice que no participó en ninguna instancia contractual de la hidroeléctrica Manduriacu; que tampoco estuvo en el comité de contrataciones de los trabajos en el terreno de la Refinería del Pacífico, ni en el proceso Pascuales-Cuenca.

Glas reiteró que solo tiene una relación familiar con Ricardo R., otros de los investigados por la supuesta red de Odebrecht. Ayer, en una entrevista en Radio Sucesos, recalcó que su tío  deberá responder por qué tenía en su poder documentos enviados a su despacho.

Este es otro indicio que investiga la Fiscalía y que busca determinar cómo llegaron a la computadora de Ricardo R. las cartas enviadas en 2014 al Vicepresidente de  un grupo inversor extranjero que buscaba colocar una millonaria inversión en el campo minero Fruta del Norte (Zamora), proyecto que estaba en manos privadas en ese entonces.

Glas aseguró que esa documentación no es privilegiada, sino que es pública de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información. Reiteró que nunca conoció sobre la propuesta de los inversores. (I)

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El sistema oficial Quipux tiene  seguridades

La Fiscalía acentúa sus investigaciones en cómo documentos que fueron enviados a través del sistema de comunicación del Gobierno, Quipux, llegaron a Ricardo R.

La antigua Secretaría de la Administración detalla las seguridades del Quipux: la accesibilidad a la información estará restringida de acuerdo al área de la organización y usuario. Por eso, un ciudadano o usuario externo “no podrá acceder a la información y documentación de ninguna institución”. (I)