A tres conclusiones llegaron las autoridades que se reunieron este lunes 3 de febrero de 2020 para evaluar el plan “Más Seguridad”, implementado en Guayaquil desde agosto de 2019.

La primera consiste en unificar o transparentar las cifras que manejan instituciones como Fiscalía, Policía, ECU-911 y Corporación de Seguridad Ciudadana.

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) fue la institución mencionada en la reunión como la posible encargada de unificar las estadísticas.

Esto servirá para analizar el fenómeno delincuencial, planear y ejecutar estrategias orientadas a reducir los índices delictivos, según Patricio Pazmiño, viceministro de Gobierno. “Es importante que las cifras las dicte un tercero. Estas deben ser lo más transparentes posible, pues si tenemos estadísticas falsas o distorsionadas el diagnóstico y la estrategia serán equivocados”, declaró.

Pazmiño precisó que el plan prioriza las acciones en 55 subcircuitos y que en estos se ha reportado una disminución del 10% de delitos.

Diana Salazar, fiscal general del Estado, indicó que han recibido 27.000 denuncias, de las cuales 23.000 están en investigación previa. Del total, 9.505 son por robos.

Veeduría de fallos

La segunda decisión giró en torno a la creación de una unidad que vigile los fallos judiciales, para evitar que los casos queden impunes.

“Esta mesa tiene que tratar casos específicos de jueces que dejan en libertad a delincuentes. Con nombres y apellidos para que los malos servidores sean separados”, destacó la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.

“A todos nos duelen ciertos fallos, pero cada juez es responsable por sus decisiones”, enfatizó María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ).

Sin embargo, acotó que como órgano administrativo no pueden intervenir en las resoluciones por el principio de independencia judicial. “Tenemos 77 servidores destituidos en un año, de los cuales 34 son jueces, pero son por infracciones disciplinarias, no por administración de justicia”.

La funcionaria manifestó que la semana pasada se firmó un convenio con el Ministerio de Gobierno para crear una unidad de coordinación para seguimiento y vigilancia de posibles infracciones de jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores administrativos.

Precisó que existen 221 expedientes en trámite en contra de jueces, 36 contra fiscales y siete contra defensores públicos. Es decir, 264 en Guayas.

Maldonado indicó que, por ejemplo, se  destituyó a una fiscal que presentó un informe pericial sin que el perito sea calificado por el CJ.

También a un juez que tardó dos años en convocar a audiencia única por un caso de alimentos. “Asimismo, a tres jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Guayas por la concesión de un habeas corpus preventivo. Lo hicimos a través de la figura del error inexcusable, de la que no se ha abusado en esta gestión”, manifestó.

Alfonso Ordeñana, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, exhortó a los jueces a actuar enmarcados en las leyes y en armonía con la Constitución.

La tercera decisión es que las autoridades nacionales se reúnan mensualmente para evaluar el plan, mientras que las autoridades provinciales lo hagan cada semana.

Tecnología para vigilancia

Cynthia Viteri indicó que en julio de 2020 se inaugurará la nueva central telefónica para atención de emergencias.

Juan Zapata, director Nacional del ECU-911, anunció que 429 cámaras nuevas serán implementadas en la ciudad de Guayaquil: 277 analógicas, 30 de lectura de placas y 110 de reconocimiento facial. “Debemos registrar a quienes han cometido delitos dentro y fuera del país para que esto funcione”, aclaró.

La mesa también analizará si se amplían o no los horarios de restricción, a 24 horas, para la circulación de dos hombres en moto en Guayaquil. (I)