Uso de gas pimienta de solo 1,3% de capsaicina sí se permite en el país
El uso del gas pimienta como una herramienta de autodefensa abrió el debate en Ecuador, luego de que Cristina, una estudiante de Ingeniería Civil, lo usara para protegerse de un individuo que le agarró los glúteos cuando caminaba por la calle.
La mujer contó que el viernes 28 de septiembre caminaba hacia una escuela de baile en Cumbayá (valle de Quito) y tuvo que pasar por en medio de un grupo de cinco hombres. Uno de ellos se acercó y le agarró sus partes íntimas, entonces Cristina sacó el gas pimienta que le había regalado su padre 5 años atrás y se lo roció en la cara.
A continuación dos policías se acercaron y la incriminaron por el uso de esa sustancia, ignorando la agresión denunciada y más bien cuestionando el uso del gas pimienta al que calificaron como prohibido.
El hecho causó indignación en la ministra del Interior, María Paula Romo, quien aclaró que la comercialización del gas pimienta hasta con el 1,3% de capsaicina (oleorresina, componente activo de los pimientos picantes, capsicum) sí se permite en el país.
La funcionaria se refería al acuerdo ministerial 270, del 28 de septiembre de 2016, en cuyo artículo 20 otorga, entre otros puntos, la autorización al fabricante de aerosoles de gas pimienta para defensa personal, con un certificado previo emitido por un laboratorio que determine que el porcentaje de capsaicina del producto sea igual o menor a 1,3%.
En páginas web, como la de Mercado Libre Ecuador, se venden estos productos en precios que van de $ 17 a $ 29. El monto varía por marcas y contenido. Sin embargo, en centros comerciales de la capital no se comercializan.
El acoso callejero en Ecuador
Romo conversó con el comandante general de la Policía, Nelson Villegas, y le pidió que recordara a los miembros de la institución que el uso del gas pimienta no está restringido. Sin embargo, cree que no deberían normalizarse las agresiones en contra de las mujeres ni la “sociedad tolerar” hechos como los que denunció Cristina.
El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito indicó que los uniformados, a quienes la afectada pidió ayuda, no pertenecen a esa institución y ratificaron que trabajan con el Municipio capitalino en la campaña “Bájale al acoso” que se desarrolla en los sistemas de transporte público.
La Policía Judicial indaga el caso para determinar responsabilidades y constatar si participaron miembros de dicha entidad.
El general de Distrito, Enrique Espinosa de los Monteros Borja, detalló que se detuvo este año a 1.298 personas por violencia contra las mujeres. De ellas, 730 fueron capturadas por violación, 503 por abuso sexual y 65 por acoso. En 2017 hubo 1.765 detenciones por delitos sexuales.
La fiscal Mayra Soria indicó que cada operador de justicia recibe entre 8 y 10 denuncias semanales de violencia contra la mujer en Pichincha. De ellas, el 60% son agresiones sexuales.
Según Soria, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no prohíbe el uso de gas pimienta y “cualquier persona puede portarlo y usarlo si lo hace para repeler o defenderse de alguna agresión”.
También la nueva norma aborda la legítima defensa, que debe ser actual, legítima y contar con una necesidad racional para aplicarla.
La penalista Mayra Tirira cree que hay un vacío legal sobre el acoso callejero, ya que el COIP solamente sanciona el acoso (pedir favores sexuales), abuso (tocamiento sin autorización sobre el cuerpo de la mujer) y violación (introducción de pene, dedos, manos en algún lugar del cuerpo).
La pena va de 3 a 5 años y depende de la edad y de los agravantes. (I)
Detalles
El derecho a caminar en paz
Cristina dijo, en una entrevista en Telediario, que la persona que la agredió actuó como si hubiera logrado una hazaña. “Necesitamos que este tipo de violencia pare y se apliquen sanciones. Tenemos derecho a caminar en paz”.
36 mil denuncias recibió la Fiscalía entre enero y agosto de 2018 por violencia contra la mujer.
Metropolitanos no usan gas
Juan Zapata, secretario de Seguridad del Municipio de Quito, dijo que los policías metropolitanos no están facultados para usar esposas, gas pimienta ni toletes. El Ministerio del Interior se los negó.
