Uso del revólver artesanal predomina en los delitos

Las armas de fuego, según estadísticas elaboradas por la Dirección Nacional de la Policía Judicial, son las principales herramientas que utiliza la delincuencia para perpetrar sus delitos.  Según las cifras, en 2010 hubo 4.100 armas decomisadas en  el país, en poder de 3.190 personas que fueron detenidas.

Para el jefe de la Policía Judicial del Guayas (PJ-G),  Nelson Villegas,  los operativos efectuados han estado orientados a desmantelar  organizaciones delictivas y  tratar, a la vez, de  desarmar a la ciudadanía.

El oficial pone como ejemplo que la semana comprendida entre el 21 y el 27 de abril pasados, en varios operativos, la Policía detuvo a 15 presuntos delincuentes con  armas  ilegales, de diferentes calibres, aunque la que predominaba fue la de calibre 38 mm.

En ese sentido, las estadísticas nacionales demuestran que el revólver es el más codiciado por los antisociales. En 2010 se decomisaron 2.285 armas de ese tipo, mientras que las pistolas sumaron 703 y las cartucheras 641 unidades.
René Astudillo, fiscal con sede en Samborondón, indica que alrededor del 70% de los delitos es cometido con armas de fuego,  que en su mayoría es de origen nacional, es decir, fabricadas en talleres artesanales, ya sean  regulados o clandestinos.

Astudillo considera que el exiguo control  en las fábricas artesanales y los bajos precios de las armas que producen (con relación a  las  importadas) acarrea   que los delincuentes las obtengan fácilmente y  se convierta en un factor predominante en el exorbitante número de armamento  entre los ciudadanos. “Si bien no son artefactos de calidad, su alto índice de  accesibilidad y de criminalidad ha conllevado a que delincuentes comunes hagan uso de ellas para cometer sus fechorías”.

Agrega que si un hampón es detenido en delito flagrante con una pistola o revólver importados, cuyo precio fluctúa entre los  800 y  1.600 dólares, ha sido con seguridad producto de robo a guardias  o miembros de la fuerza pública.

Como pasó el pasado 7 de abril, cuando una ametralladora marca MAG-M60, calibre 7.62, de origen belga, fue decomisada en la manzana 200 de la cooperativa Jardines del Salado, al suroeste de la ciudad, a pocos metros de la Policía Judicial del Guayas (PJ-G).

Junto con el arma, los agentes detuvieron a Néstor Próspero Plúas Guerrero (a) “Soldado”, de 51 años.

Con respecto a los detenidos por tenencia ilegal de armas, el oficial Villegas indica que  por parte de la Policía se ha demostrado un ingente esfuerzo y sacrificio para poder detener a  personas con armas de fuego, lamentablemente -agrega- los jueces, generalmente, concluyen que no hay  motivos suficientes para dictar medidas cautelares.

Dice que el arma queda  retenida como  evidencia, pero los involucrados, muchas veces menores de edad o miembros de pandillas, quedan a órdenes de los operadores de justicia (fiscales y jueces), quienes dictaminan, a través del respectivo proceso judicial, la responsabilidad en el delito que se investiga.

Eso determina que, durante el año pasado, el número de adolescentes aislados  por asalto y  robo con arma de fuego llegó a 381. A esto se suman los 422 casos por portar armamento, lo que  da un total de 803  actos vinculados con esta prohibición. “El arma no puede estar en manos de personas con antecedentes, con  habitualidad. Ese es el punto de vista medular para que se haya iniciado el proceso de recalificación de armas en julio pasado”, subraya.

Por su parte, David Villamar, quien está al frente de los operativos antidelictivos que la Fuerza de Tarea Conjunta realiza en el Suburbio de Guayaquil, señala que las armas son decomisadas, ya sea en poder de los infractores o cuando se han hallado abandonadas en los buses.

“Cuando hacemos una requisa en los buses de transporte urbano, encontramos tiradas en el piso del vehículo una que otra arma. Los pasajeros se hacen los desentendidos y, como no se puede determinar responsables, procedemos solo a decomisar el arma”, explica.

Antonio Gagliardo, fiscal provincial de  Guayas, coincide en determinar que un alto índice de criminalidad (70%) es cometido a través del uso de armas de fuego y que ese porcentaje es constante en las 8 fiscalías (despachos) que investigan esa clase de delitos. Explica, además,  que de cada 10 muertes violentas que llegan a Medicinal Legal, 7 son producidas con armas de fuego, las otras 3 con arma blanca.