La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional estudia, como parte del proyecto del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), la implementación de dispositivos electrónicos que se colocarán como brazaletes a personas acusadas de algún crimen.

La normativa es analizada por los legisladores para determinar la manera en que se aplicaría, así como la institución que se encargará de adquirir, colocar y monitorear los dispositivos. De ser aprobado, este tema se incorporará al libro tercero del COIP, que se refiere a la ejecución de penas.“Hemos incorporado un mecanismo de cuidado y control respecto de aquellos individuos que, habiendo cumplido una pena, siguen significando un peligro para la sociedad; allí se sugiere la utilización de dispositivos que permitan a la autoridad saber la ubicación de personas que representan un riesgo”, indicó la asambleísta Gina Godoy.

Con este sistema se  puede ubicar a quien lo usa y controlar sus movimientos en un área determinadaA nivel regional se han utilizado los aparatos de geolocalización para personas de alta peligrosidad que, por ejemplo, entran a una etapa de prelibertad. Con esto se les hace seguimiento y ubicación permanentes. En Ecuador se está pensando en utilizarlos para casos de medidas cautelares.

“Si sentencian a alguien de la tercera edad que no pueda entrar a prisión o hay alguna persona que sea sancionada con arresto domiciliario, tendrá un brazalete con geoposicionamiento, así se evita que se fugue o se acerque a la víctima”, expresó la asambleísta Mariángel Muñoz, quien cree que esta es una medida efectiva para ubicar a las personas consideradas peligrosas. “Son mecanismos que no van a ser implementados en Ecuador exclusivamente, ya lo tienen como experiencia desde hace tiempo en Brasil, Colombia y Chile, y se presentan como una medida eficaz para evitar que las personas sigan cometiendo delitos”.

Muñoz aseguró que hay muchos estudios al respecto y, hasta el momento, no han recibido ninguna objeción por parte de colectivos u organizaciones de derechos humanos. “Si una persona utiliza un brazalete no significa que va a tener un letrero frente a la gente que diga ‘yo delinquí’, esa información la manejará una instancia especializada, para prevenir el cometimiento de nuevas infracciones. Las experiencias regionales nos han dado la seguridad de que ha habido buenos resultados para evitar el delito y proteger a la sociedad”.

Al momento se discute la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura sea la institución que compre y administre esos dispositivos, pero todavía está en debate quién realizará el manejo y monitoreo, aunque lo más probable es que sea el Ministerio de Justicia.

Igualmente está en fase de estudio el o los tipos de delito que obligarían a utilizar el brazalete, así como los tiempos, no solo como medida cautelar, sino posteriormente al cumplimiento de una sentencia en relación con los delitos considerados graves, como asesinato, violencia sexual y narcotráfico.

Por su parte, el asambleísta Mauro Andino explicó que esta medida busca, en primer lugar, evitar abarrotar los centros de rehabilitación social y optimizar recursos. “Mientras haya más privados de libertad, el Estado tendrá que invertir más recursos y dinero; además, estos dispositivos ahorrarán la utilización de personal policial en casos de arresto domiciliario”.

EXPERIENCIAS POSITIVAS EN DOS PAÍSES

Colombia y Chile son dos de los países más cercanos en donde el uso de dispositivos de geoubicación deja experiencias positivas. En el primero de ellos, en junio pasado, uno de esos equipos permitió la recaptura de una persona acusada de robo que  volvió a delinquir. Un  movimiento en falso fuera de casa lo delató.

Mientras que en Chile, en su informe de labores en mayo pasado, el presidente Sebastián Piñera dijo que este esquema ha sido “potencialmente” beneficioso para controlar a personas de riesgo para la sociedad, lo que se complementa con la creación de un registro de pedófilos y delincuentes reincidentes y peligrosos.