“¡Alto policía!” fue la alerta que recibió Manuel (nombre protegido) el pasado 25 de marzo en Jama (Manabí).

Cuatro hombres, usando  supuestos uniformes policiales, ingresaron a su vivienda y le preguntaron por “Tito”.

“No lo conozco”, dijo el hombre. Los supuestos policías lo sacaron de su vivienda y lo golpearon. Lo culparon por un supuesto cargamento de droga que estos presuntos policías habían visto descargar con un dron.

“No sé de qué se trata”, suplicó Manuel, pero igual lo agredieron. Al regresar a su casa se dio cuenta que fue víctima de un asalto y que sus agresores no eran policías, sino antisociales disfrazados. 

Le robaron una computadora portátil, siete teléfonos celulares y $ 50.

Casos como los de Manuel no son ajenos en el país. Bandas delictivas usan uniformes policiales para delinquir.

En marzo del año pasado, la Policía desarticuló en Quito una banda. Los integrantes se hacían pasar por policías y extorsionaban a los estudiantes a la salida de los establecimientos educativos.

En El Oro, también, dos antisociales, que se hicieron pasar por policías, extorsionaron a un empresario. Solicitaron $ 5.000 a cambio de no secuestrar a su hija. También fueron detenidos.

En Quito y Guayaquil no es difícil comprar un uniforme policial. Y, por ello, esta metodología para delinquir gana espacio en el país.

Más de 10 locales en Quito
En la calle Maldonado (centro de Quito), cerca del Ministerio de Defensa, funcionan 10 locales de venta de indumentaria militar y policial.  

Durante un recorrido por estos almacenes se constató que adquirir un uniforme o cualquier prenda es sencillo en algunos locales. En estos lugares, por ejemplo, el precio de los chalecos reflectivos está entre $ 12 y $17. 

Mientras que las botas cuestan entre $ 60 y $ 160.

Los precios de las insignias y gorras bordean entre $ 20 y $ 80.  

Liliana Quinchuela tiene su negocio hace 30 años. Su abuelo le heredó el suyo. De los 10 locales de la zona, cinco son de tíos, hermanos y primos de ella.

La comerciante solicita la tarjeta militar y credencial policial para vender las indumentarias, “caso contrario no lo hacemos”, subrayó.

Las plataformas digitales también ofertan productos de uso de la Policía. Este Diario constató que en la página Mercado Libre de Ecuador se venden armas de fuego Glock, de 9 milímetros por $ 399 y  $ 379, en Carchi; Glock CO2 por $ 179 y $ 199, en Azuay.

Además se venden insignias policiales a $ 7 y chompas-chalecos reflectivos con el logo policial en $ 28,50.

La venta en Guayaquil
El artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con prisión  de uno a tres años a quienes ejerzan funciones públicas sin autorización o simulen cargos o funciones públicas.

Mientras que el artículo 296  castiga con prisión de 15 a 30 días a quien utilice públicamente uniformes o insignias de un cargo oficial.

En los alrededores del Cuartel Modelo, ubicado en la Avenida de las Américas, en el norte de Guayaquil, hay negocios de este tipo de ventas.

Teresa de Ortiz coincide que para adquirirlos  es obligatorio presentar un documento que identifique al comprador en la Policía.

Pero, “si quiere adquirir botas, correas y otros accesorios, que no llevan identificativos, sí se puede vender porque incluso compran los guardias de seguridad”, dijo.

En cambio, Andrés Álvarez, administrador de otro almacén, anota en la bitácora los datos del comprador.

Para Luis Jaigua Puma, suboficial primero en servicio pasivo y propietario de uno de estos locales, los uniformes que llegan a los maleantes son productos de robos o son confeccionados por las mismas bandas.

No descartó que algunos malos elementos policiales, que son parte de las bandas,  también los entreguen.

También hay vendedores ambulantes que confeccionan y comercializan estos artículos, a pesar de que se requiere un certificado de la Asociación de Comerciantes y Confeccionistas de Artículos Militares y Policiales.

 En Guayaquil, EL TELÉGRAFO verificó que un uniforme completo cuesta $ 50.

El general inspector Marcelo Tobar recordó que para los allanamientos se requiere la orden de un juez. Pidió a los ciudadanos solicitar las credenciales policiales.

El Ministerio del Interior señaló que trabajan en un reglamento para certificar a los locales comerciales, tanto para la venta de uniformes como para la distribución de armamento no letal. (I)