Pese al nuevo modelo de rehabilitación impuesto en los centros de rehabilitación social del país, algunos privados de la libertad se resisten a este sistema y siguen cometiendo delitos, incluso contra sus compañeros de celda, quienes para mantenerse con vida deben pagarles hasta $ 5.000.

Al parecer esta vieja práctica de extorsión se habría terminado en las cárceles de Quevedo, en Los Ríos; y de Latacunga, en Cotopaxi, porque los cabecillas de la red delictiva ya están tras las rejas, al igual que sus cómplices. Esto debido a una denuncia reservada de alguna de las víctimas.

Los familiares de los privados de la libertad amenazados esperan que estos internos estén en pabellones de máxima seguridad o sean trasladados a otros centros.

La Unase atrapó a 12 personas

Dos meses de investigaciones llevaron a los agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) a descubrir que 4 internos de los centros de Quevedo y Cotopaxi, con 8 cómplices, amenazaban de muerte a los nuevos presos con la intención de que sus familiares depositaran el dinero semanalmente, informó el general Milton Zárate, director Nacional de la Policía Judicial.

El cabecilla de la red delictiva cumplía una pena en el CRS de Cotopaxi y registra más de 18 detenciones. Él coordinaba las extorsiones, mientras los otros reos se encargaban de amenazar física y sicológicamente a los nuevos internos, manifestó Zárate.

Con amenazas obtenían información de los familiares de los presos, a quienes los contactaban telefónicamente e intimidaban para exigirles los pagos periódicos.

Los montos de las extorsiones variaban de $ 100 a $ 150 diarios, llegando hasta cantidades de $ 1.500 a $ 5.000 semanales o mensuales.

Las cantidades eran depositadas a nombre de diferentes personas en la empresa Western Union, según mostraron las investigaciones.

La madrugada del viernes, la Policía organizó un operativo simultáneo en Los Ríos, Esmeraldas, Manabí y Guayas, donde se detuvo a 8 personas, entre ellas, 3 mujeres que se encargaban de recoger el dinero e intimidar a los parientes, informó.

El mayor Édgar Vinueza, jefe de la Unase, indicó que la organización operaba hace 4 meses y la indagación se inició a base de la denuncia de los familiares de 7 internos que se comunicaron con la Policía. Otras 8 víctimas ya habían entregado a la banda pagos de entre $ 100 y $ 5.000.

Vinueza manifestó que las condiciones de los nuevos centros carcelarios han evitado el ingreso de objetos prohibidos en las cárceles. “Ha bajado el 95% el ingreso de celulares”.

Además, explicó que se descubrió la complicidad de funcionarios penitenciarios. “En el Eslabón 34 detuvimos a guías que posiblemente colaboraron con estas personas y permitieron que ingresaran los celulares”.

El viceministro del Interior, Diego Fuentes, indicó que los reos serán juzgados nuevamente por este delito, ya que la legislación actual permite la acumulación de la pena.

Desde el inicio de los “eslabones”, que al momento suman 35, se han descubierto 71 organizaciones delictivas, en las cuales se han capturado a 483 presuntos delincuente, manifestó Fuentes. (I)