Por unanimidad el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, integrado por los jueces José Jiménez, Diana Hernández y Fabricio Robalino, aceptó la apelación fiscal en el caso “Nachito”.

En audiencia desarrollada ayer, el Tribunal revocó el auto emitido por la jueza Luz Ortiz y dispuso que de inmediato se reactive el proceso.

Con esto el próximo paso será la definición de fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio en contra de cuatro procesadas por las lesiones producidas por mala práctica médica a un menor en un hospital de Quito.

El pasado 16 de febrero, la jueza Ortiz dictaminó la nulidad del proceso y, además, anunció que solicitará al Consejo de la Judicatura observe la actuación de la fiscal Claudia Romero en este caso.

Entre las presuntas irregularidades que se habrían producido y que motivaron la resolución de la jueza está el hecho de que la fiscal formuló cargos sin precisar la normativa o especificar el presunto delito.

Que la reconstrucción de los hechos se cumplió en un sitio diferente del mismo hospital, dejando en indefensión a las partes procesales.

Y, que siendo la operación un hecho y el tratamiento en terapia intensiva otro, con distintos protagonistas, se los incorporó sin distinción en una sola causa.

Romero defendió lo actuado y aseguró que no fueron valorados todos los documentos que constan dentro del expediente fiscal”, por lo que apeló la resolución de la jueza, la cual fue aceptada.

Henry Valdiviezo y su esposa Sandra Ojeda, durante cinco años, han exigido justicia para los responsables de las severas lesiones que sufrió su hijo “Nachito”.

El niño tenía un año y seis meses cuando el 27 de noviembre de 2014 ingresó al hospital: estaba previsto que se someta a una exploración laparoscópica testicular.

La operación, supuestamente, no tenía dificultades y el pequeño estaría solo un día en la casa de salud y así ocurrió en el inicio.

Los padres llevaron a “Nachito” a su casa en la noche, pero su estado de salud se agravó a las pocas horas. Tuvo fiebre alta y lo trasladaron a otro hospital, en el sur de la ciudad.

Allí les dieron un diagnóstico grave: “Nachito” tenía líquido en el intestino, porque, aparentemente, tuvo una perforación durante la laparoscopia.

Entonces, llevaron al infante al hospital que lo atendió al principio. La pareja dijo que en la Unidad de Terapia Intensiva su hijo no recibió los cuidados adecuados, por ello él mismo se quitó los tubos de oxígeno. Eso le causó una afectación cerebral.

Además, le pusieron sueros calientes en las piernas que le provocaron quemaduras de tercer grado en sus pantorrillas y talones, afectación al nervio óptico y 38% de discapacidad.

La fiscal Claudia Romero acusó a las doctoras Yolanda G. Alexandra V. Además a la enfermera, Elvia H.; y, a la auxiliar de Enfermería, Lidia S., el equipo que atendió a “Nachito” en terapia intensiva.

En marzo del 2017, el juez penal Giovanny Freire liberó de responsabilidad (sobreseimiento) a Yolanda G., -quien perforó el intestino de “Nachito”- bajo el argumento de que no existían elementos suficientes para vincularla.

El 11 de mayo de 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha (primera instancia) sentenció con un año de privación de libertad a las tres profesionales de terapia intensiva y ordenó que cada una entregue $ 10.000 como reparación integral.

En audiencia de apelación a la sentencia, el 31 de octubre de 2018, la Sala Penal decidió regresar el caso hasta la evaluación y preparatoria de juicio, por lo que Yolanda G. fue incluida nuevamente en el proceso.

El temor del padre del niño  es que el caso prescriba, luego de cinco años de peregrinaje, sin haber logrado que la justicia incline su balanza a favor de su hijo. (I)