El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) rechazó el miércoles 22 de mayo el recurso apelación a la orden de prisión preventiva dispuesta en contra del exvicepresidente Jorge Glas, por presunto delito de peculado dentro del denominado caso Singue. 

AHORA| Tribunal de @CorteNacional desechó recurso de apelación presentado por la defensa de Jorge G. y ratificó la prisión preventiva dictada en su contra. Él, junto con 9 procesados más, habrían participado en el delito de peculado, por la irregular adjudicación del pozo Singue. pic.twitter.com/uxVPi455tA

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 22 de mayo de 2019

Los magistrados Marco Maldonado, Daniella Camacho y David Jacho llegaron a esta resolución luego de que se instalara la audiencia de apelación, este miércoles 22 de mayo.

El exvicepresidente se encuentra en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi (Latacunga), cumpliendo una pena de seis años por el delito de asociación ilícita relacionada a Odebrecht.

El recurso fue presentado el 15 de marzo de este año, poco después de que Iván Saquicela, juez de la CNJ, emitiera la prisión preventiva. Su abogado adujo que no puede haber prisión para alguien que ya esta en prisión por lo que solicitó otra medida. La fiscal General, Diana Salazar, explicó que el caso Singue es diferente al que por el caso Odebrecht.

AHORA | Con la presencia de la fiscal general del Estado, @DianaSalazarM2, se instala la audiencia de apelación de medida cautelar solicitada por Jorge G., procesado por su presunta participación en el delito de peculado, en el caso Singue. pic.twitter.com/eU3sZrHRg1

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 22 de mayo de 2019

El caso Singue se remonta a 2012 cuando la Secretaria de Hidrocarburos y el Consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de petroleo crudo en el Bloque Singue.

En 2017, la Contraloría General estableció indicios de responsabilidad penal aduciendo que la adjudicación del contrato no cumplía con los requisitos establecidos en las bases de licitación y se violaron procedimientos en el contrato. Según Fiscalía, este contrato generó un perjuicio de más de $ 28 millones. (I)